Agua para restaurar

La crisis climática y ambiental que vivimos puede entenderse como el principal motor del creciente ambientalismo en el mundo. La historia de los movimientos sociales muestra que la humanidad responde a las urgencias mediante procesos de adaptación. Así, la restauración de ecosistemas en el Río Colorado ocurre hoy, cuando la cuenca enfrenta la etapa más severa de aridificación y escasez de agua de su historia. La crisis ha detonado una evolución en la forma de gestionar el agua.

En los años noventa, científicos observaron una recuperación espontánea de los ecosistemas del delta durante un ciclo húmedo. Poco después, el activismo social y la apertura de los gobiernos de México y Estados Unidos dieron lugar al Acta 306 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), incorporando por primera vez la ecología ribereña en los acuerdos binacionales y vinculando el manejo del agua con la variable ambiental. Fue un cambio discreto, pero profundo: el río dejó de concebirse sólo como fuente de abastecimiento y comenzó a entenderse como un sistema vivo.

A partir de ahí, la gestión compartida entre sociedad y gobierno ha madurado. Las Actas 319 y 323 consolidaron ese giro y sentaron las bases de una colaboración ambiental más amplia. Se lograron acuerdos sin precedentes: reducciones compartidas en el consumo, uso conjunto del almacenamiento en Presa Hoover, inversiones para mejorar la eficiencia agrícola y asignación de volúmenes para fines ambientales. Como explicó Osvel Hinojosa (El Economista, 22/abril), estos esfuerzos han demostrado que la restauración del Delta no sólo es posible, sino sostenible cuando convergen ciencia, cooperación binacional y mecanismos adecuados. El regreso de hábitats y funciones ecológicas es hoy evidencia tangible de ese acierto.

Pero hay un paso más necesario en esta evolución. En regiones áridas como el norte de México, la restricción para restaurar las heridas de la degradación ambiental no es conocimiento ni voluntad, sino acceso al agua. Y esa agua se encuentra, en su gran mayoría, en el sector agrícola, que además enfrenta presiones económicas crecientes. Surge así una paradoja: un recurso con alto valor público depende de un sector clave para la producción de alimentos que hoy opera bajo condiciones cada vez más estrechas.

La solución pasa por construir mecanismos que permitan movilizar parte de ese recurso hacia usos ambientales, en esquemas que generen beneficios para productores y sociedad. La Ley de Aguas Nacionales ya reconoce, en su artículo 48, la posibilidad de transmitir derechos de agua entre usuarios agrícolas. Es decir, el sistema acepta que el agua puede moverse dentro del sector productivo.

El paso pendiente es extender esa lógica.

Permitir la transferencia de derechos de agua hacia usos ambientales no representa una ruptura, sino una evolución del marco existente. Implica reconocer que la restauración no es un uso accesorio, sino un uso primario del agua, cuyos beneficios —recarga de acuíferos, conservación de hábitats y resiliencia climática— son públicos y no apropiables de manera privada.

Alinear la política de concesiones con los objetivos nacionales de restauración supone dar ese paso. No se trata de sustituir usos, sino de habilitar mecanismos voluntarios, transparentes y eficientes que permitan reasignaciones donde generan mayor valor social.

Para ello, el diseño institucional será determinante: reglas claras, procesos ágiles y esquemas sin cargas administrativas innecesarias. También debe reconocerse que no es una solución uniforme: en el norte árido es condición para la restauración; en regiones con mayor disponibilidad hídrica, puede no ser prioritaria.

La experiencia del Delta del Río Colorado muestra que, cuando el agua llega, la naturaleza responde. El reto es lograr que esa posibilidad deje de depender de arreglos excepcionales y forme parte de una política pública coherente.

* El autor es socio de Centro Luken de Estrategias en Agua y Medio Ambiente y es integrante de la Alianza Revive el Río Colorado