La ley debe de garantizar los mismos derechos a los matrimonios entre un hombre y una mujer y los integrados por personas de un mismo sexo, sean hombres o mujeres. Por lo mismo, apoyo la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para que la ley reconozca plenamente a estos últimos.

El pasado sábado el Frente Nacional por la Familia organizó marchas en 110 ciudades del país para manifestar su desacuerdo con esa iniciativa. En su concepción, la ley sólo debe de reconocer un tipo de matrimonio y de familia, la formada por un hombre y una mujer.

Todos Somos Familia, otra organización, sostiene que la ley debe reconocer el matrimonio entre personas de un mismo sexo y dar lugar a la existencia de diversos tipos de familias, como ya se reconoce en muchos ambientes. En su actividad condena las marchas organizadas por el grupo anterior.

En una democracia, todas las posiciones, se esté o no de acuerdo con ellas, tienen derecho a manifestarse y a expresarse. No se puede descalificar al otro sólo porque no piensa como yo. La intolerancia y los dogmatismos, de cualquier signo, no deben tener lugar.

Bienvenido el debate y la discusión, bienvenido que cada quien exprese lo que piensa y esto incluye a las iglesias. De lo que dicen las personas, los grupos y las instituciones, éstas se hacen cargo y se someten al juicio de la ciudadanía. Ésta es quien decide sobre la justeza o no de las posiciones.

La democracia debe defender la pluralidad e impedir la existencia del pensamiento único. Debe abrir el espacio del debate con razones y argumentos. Debe también garantizar los derechos plenos de los grupos minoritarios en la sociedad.

En los últimos años, la investigación científica demuestra de manera contundente que hay hombres y mujeres que desde su nacimiento tienen distinta orientación sexual. No se trata de una anomalía o trastorno psicológico como algunos, desde posiciones ya superadas e insostenibles, lo quieren hacer ver.

La sociedad y las leyes deben dar respuesta a esta realidad. Son hombres y mujeres que merecen el respeto pleno a su dignidad y que exigen que el marco jurídico reconozca su situación y garantice sus derechos; entre ellos, la institución del matrimonio en condición igual al que se realiza entre un hombre y una mujer.

El Ejecutivo y el Legislativo no pueden decidir presionados por posiciones que no responden a los nuevos datos de la investigación científica. Y deben también dar lugar, en el marco de una política de inclusión, a las y los que son diferentes. En su decisión están obligados a dar razones y argumentar, para tratar de convencer siempre respetando a los otros, pero sin ceder.

El respeto a la dignidad y los derechos plenos de todas y todos los ciudadanos, también de los diferentes, que nos enriquecen con su forma de ser, no está sujeto a la popularidad de la medida. La justicia y la ampliación de los derechos de la persona no se someten al voto de la plaza pública, se garantizan.

Twitter: @RubenAguilar

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