Más allá del 2 de junio

Estamos ya a pocos días de que se lleve a cabo la elección más grande de la historia de México. Así la jornada del 2 de junio se convertirá logísticamente en un verdadero reto para las instituciones a nivel federal, estatal y local, no sólo para llevar a cabo la instalación de casillas, organización y coordinación de funcionarios quienes resguardarán el proceso electoral del domingo, a lo largo y ancho del país, sino el reto de garantizar la paz y la seguridad de todos y todas los que saldremos a votar este día. Y es que la preocupación en torno al ambiente electoral no es cosa menor, ya que este periodo electoral ha sido el más violento de la historia contemporánea de México, desde su inicio en septiembre del 2023. Ataques, amenazas, homicidios, secuestros, intimidaciones, contra precandidatos, candidatos, funcionarios, operadores y sus familias, se han convertido en parte de nuestro horizonte cotidiano, donde la violencia criminal electoral no ha logrado ser contenida por las autoridades responsables.

Para tener una idea de la gravedad del problema, al 29 de mayo se han contabilizado aproximadamente 750 ataques a políticos, lo cuál casi duplica los casos registrados durante el 2017 y 2018, que contabilizaron alrededor de 382 casos, esto de conformidad al reporte de la consultora Integralia. De acuerdo al análisis del informe, en los últimos 8 meses se registraron 231 asesinatos, 233 amenazas, 18 secuestros, 21 desapariciones y 87 eventos que se clasifican “de otro tipo”, que atentaron o generaron intimidación en los procesos de campaña. Ahora bien, del total de asesinatos, 34 casos fueron contra candidatos o precandidatos, y de este total, el 88% de las víctimas estaba contendiendo para la presidencia municipal. Por otra parte, el crimen no discriminó en este ambiente de violencia política crónica a ningún color, bandera y partido, ya que Morena, el PRI, el PAN, PRD, MC, PT y partidos independientes en Chiapas, padecieron la violencia criminal. A su vez, los estados de Puebla, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, entre otros, han registrado más casos de eventos violentos y pérdidas humanas.

Como podemos ver, si bien es cierto que  este proceso electoral se ha caracterizado por los altos niveles de violencia política criminal, a su vez, evidencia algo que desde el gobierno federal se minimiza o se niega, que existen de facto controles criminales territoriales en varias localidades del país, provocando que precandidatos y candidatos decidan dejar sus campañas,  disminuyendo opciones en las boletas electorales, inhibiendo recorridos en las vías públicas, asesinado a candidatos y candidatas a plena luz del día, y amenazando incluso a sus operadores y familiares. Sí, la violencia política se desborda en este proceso electoral, y los grupos criminales han sido en la mayoría de los casos los protagonistas de estos lamentables eventos.

¿Qué hacer? Más allá de la jornada del 2 de junio, es importante tomar conciencia de las implicaciones de los controles e incursiones criminales en la vida política de algunas localidades, ya que sin importar quien gane, lo que se pone en juego es verdaderamente nuestra democracia, nuestra libertad, y nuestra paz.  Reconocer que el problema de criminalidad y violencia que tenemos es real, que actualmente los grupos criminales son jugadores activos en la política, que sus controles son evidentes y que se requieren medidas de intervención drásticas para evitar que sus gestiones se expandan y afecten aun más nuestra vida, serían condiciones no negociables que tendríamos que considerar para no llegar al 2023 con una crisis no solo institucional sino social. Hagamos conciencia, más allá de una elección, lo que está en juego es nuestro futuro…