La cobertura universal de salud en México es una apuesta gubernamental cada vez más distante. Hace 15 años, Vicente Fox lanzó el Seguro Popular y su torpe implementación se volvió uno de los temas de la primera campaña presidencial en la que compitió AMLO, en el 2006. “Ése, ni es seguro ni es popular”, decía entonces.

Per se, el Seguro Popular nunca fue un proveedor de servicios. Pero el IMSS y el ISSSTE marginaban a decenas de miles de trabajadores informales y ellos fueron la población objetivo del programa que debía ser atendida en clínicas y hospitales en las jurisdicciones locales. La Federación articuló un inventario de beneficios compilado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, que incluía 294 intervenciones (equivalente a 1,807 diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades), además de tratamiento para 65 patologías catastróficas. Adicionalmente, habilitó un fondo para cubrir 100% de las condiciones de salud en niños menores de cinco años, a través del Seguro Médico Siglo XXI.

La intención gubernamental —entonces y ahora— era reducir la fragmentación. Y en el 2006 se implementó el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Atención Médica. El gasto en salud se incrementó en 1 punto del PIB, lo que permitió una mayor cobertura, redujo los gastos catastróficos y mejoró la equidad para casi 43.5% de la población nacional, anteriormente desprotegida.

El financiamiento del Seguro Popular provenía casi totalmente de los ingresos fiscales generales. El gobierno federal pagaba la llamada contribución social y una cuota de solidaridad federal, y cada estado hacía su propio pago, llamado cuota de solidaridad estatal. Al comienzo del Seguro Popular, esta última podría proporcionarse en especie, pero en el sexenio peñista se dispuso que al menos 30% de la contribución estatal debía pagarse en efectivo.

La afiliación al Seguro Popular era una cosa y otra, muy distinta, era la atención médica, responsabilidad que recayó en cada una de las 32 entidades federativas, a través de su propia infraestructura, suministros y recursos humanos disponibles. La Federación dispuso partidas extraordinarias para financiar la construcción de hospitales y adquirir equipos médicos.

Al final del periodo panista en Los Pinos, 53 millones de mexicanos ya contaban con cobertura. A partir del 2014, la administración peñista promovió una reforma para otorgar autonomía administrativa y patrimonio propio a los REPSS. ¿Efectos? “Un gasto incontrolado, inespecífico, incompleto e inoportuno de recursos, que también carecía de transparencia”, detrás de los que pudieron haber otros actos irregulares (gastos negligentes, fraude, corrupción, gastos no legítimos y colusión en la fijación de precios, entre otros). La escasez de medicamentos, además de la falta de eficiencia y calidad en la provisión de servicios de salud eran inevitables como consta en un estudio elaborado por un grupo de investigadores encabezado por Gustavo Nigenda. Ese trabajo, publicado en julio del 2015, retrató los vicios del Seguro Popular luego de revisar cuatro evaluaciones externas al Seguro Popular realizadas entre el 2007 y el 2012.

Poco se corrigió de esos vicios. Ahora, la sustitución del Seguro Popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar expone a muchos intereses afectados: las distribuidoras de medicamentos y de insumos para la salud, los fabricantes de equipos médicos... donde políticos priistas y panistas —léase Roberto Madrazo o Miguel Ángel Yunes Linares— están en el ojo del huracán.

Hoy resienten que no los atiendan como antaño, hoy ya no saben a quién buscar para pagar citas y ofrecer moches. Demasiados desplazados por la 4T, en una lucha por mejorar un sector vital para México.

La suspicacia de la Cuarta Transformación generó reacciones distintas entre los industriales del ramo. Unos, ante las amenazas de sanciones y rescisión de contratos, han acudido a los tribunales. Otros, han apostado por una comunicación franca con las autoridades federales y sumar esfuerzos, sin condicionamientos o dobles agendas.

Allí están los afiliados a la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. El presidente de su consejo directivo, Arturo Morales Portas, pidió competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras al titular de Cofepris. Sólo así se crearán más empleos, se tendrán medicinas más baratas y se fortalecerá a la industria mexicana.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿INCOMPATIBILIDADES? Más de 1,800 millones de pesos pagan los trabajadores que han tramitado préstamos con el Infonacot, por primas de un seguro de vida que acompaña sus créditos, pero casi 30% de esa cifra va a las aseguradoras que brindan el servicio, Seguros Atlas y La Potosí. Bajo el paraguas de la austeridad, pero con las sospechas fundadas de que exfuncionarios peñistas, a través de Samuel Carpio y Alberto Ventosa, habían accedido a jugosas comisiones, la nueva directiva del instituto propuso constituir un “fondo de reserva”. También se analizan otras opciones, entre ellas el cambio del auditor y del asesor en materia de seguros, pues esos contratos se asignan directamente. Algunos voluntarios ofrecen bajar tarifas y ahorros por al menos 5 millones de pesos mensuales... pero eso sólo podría ocurrir por instrucciones superiores.

CUOTISMOS. Apenas el pasado fin de semana, gracias a los buenos oficios de la secretaria Luisa María Alcalde, los extrabajadores de la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea, Sonora, pudieron cobrar el reparto de utilidades que les correspondía, luego de la venta de esa empresa a Grupo México. Por cinco meses de trabajo en el 2012, recibieron 12,000 pesos. Entre los beneficiarios están Heriberto Verdugo y Sergio Tolano, quienes por años han insistido en que el Sindicato Minero mantiene en huelga esa mina, cuando en realidad la titularidad del contrato colectivo es de la CTM, cuyos obreros reciben medio millón de pesos por PTU. Eso sí, la organización encabezada por el senador Napoleón Gómez Urrutia decidió que cada trabajador donara hasta 2,000 pesos para “apoyar otros movimientos”. ¿O serán aportaciones para su fiesta de cumpleaños, a mediados de la próxima semana, que se efectuará en la Hacienda Xala y será amenizada por la cantante y actriz Pilar Montenegro?

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.