El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) que opera al auspicio de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios tiene una muy elevada relevancia porque es el que revisa y da las bases para validar si entra o no a México un nuevo medicamento o forma farmacéutica o esquema terapeútico, y a partir de su decisión es que Cofepris le da el registro sanitario respectivo para poder comercializarlo en el territorio nacional.

Digamos que es un comité de expertos altamente especializados que sesiona en función del tipo de fármaco o terapia a analizar. Directivos de la industria farmacéutica coinciden en que este Comité está prácticamente inoperante desde hace año y medio, y una de las razones es por el coordinador designado por el comisionado federal José Novelo, quien por cierto hace unos días avisó que se ausentaría de 2 a 3 semanas. Supimos que se fue a Estados Unidos a atenderse problemas de salud.

Se quedó de encargada América Orellana, recién designada comisionada de Autorización Sanitaria por el subsecretario Hugo López-Gatell. Bueno, pues como tal ella es quien preside el comité de expertos que nos ocupa.

El problema es que el coordinador de dicho comité es un médico empresario quien si bien tiene las credenciales como economista de la salud y exfuncionario en el sector salud, también tiene evidentes y serios conflictos de interés como para estar jugando un rol importante en la definición de los productos que entran a ser analizados dentro de dicho Comité de expertos.

Se trata de Juan Gabriel Gay Molina, un médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, con maestría en Salud Pública y Economía de la Salud. Dentro de su experiencia en el gobierno fue asesor del Consejo de Salubridad General (CSG), en el equipo del doctor Enrique Ruelas, y estuvo en la Dirección General de Planeación en Salud de la Secretaría.

Aparte de que se maneja con total discrecionalidad y no ha querido convocar al Consejo de Salubridad como lo marca el reglamento del propio comité, Gay Molina ha impedido la incorporación de medicamentos que ya sirven para Covid que se han probado en otros países y no ha permitido incluirlos para analizarlos por el comité de expertos, y ello porque claramente tiene intereses.

Gay Molina es dueño de tres empresas relacionadas con el ámbito sanitario y cuyos servicios claramente pueden verse beneficiados por las decisiones del comité de expertos de Cofepris que él mismo coordina.

Conforme información que llegó a nuestras manos -y la cual pudimos confirmar-, Gay Molina dirige una empresa llamada GAMO Tecnologías en Salud, dedicada a la comercialización de insumos para la salud, principalmente reactivos de diagnóstico y pruebas bacteriológicas para alimentos.

Por otro lado, tiene la consultora Tecnología e Información en Salud (TIS salud), en cuya página web dice que hace evaluación económica, solicitudes de evaluación ante el CSG, estrategias de marketing, negociación de precios, información a médicos y administradores y estrategias de acceso para el sector público de salud. El conflicto de interés es inequívoco al ofrecer con todas sus letras “asesoramiento a empresas farmacéuticas para la inclusión de insumos a distintas instituciones del sector salud”. Este año abrió una segunda consultoría llamada Espacio Médico, “diseñada para brindar asesoría en materia de derecho laboral, auditorías, cumplimiento de estándares sanitarios y certificaciones ante Cofepris”.

Nos comentan nuestras fuentes que Gay Molina trabajó hace tiempo en el Laboratorio Silanes haciendo los dossiers para autorización sanitaria y fue ahí donde conoció a directivos que ahora tienen amplia influencia en el equipo de la actual administración; y quien lo recomendó con el aún titular de Cofepris, Novelo, fue Raquel Buenrostro cuando era oficial mayor de Hacienda, quien seguramente no tenía mayor conocimiento de los intereses de este personaje pues es de las más aguerridas contra la corrupción en este gobierno.

ISSSTE e Insabi no pagan a hospitales privados

Una gran noticia que se haya renovado el convenio para que los hospitales privados sigan apoyando al sistema público. Tanto la Asociación Nacional de Hospitales Privados como el Consorcio Hospitalario seguirán atendieron pacientes del sector público, y ahora también atenderán Covid. Pero la realidad es que el nuevo convenio estará centrado básicamente con el IMSS. El ISSSTE e Insabi casi no lo aprovecharon, pero además no le han pagado a los hospitales que recibieron sus derechohabientes o afiliados. Nos comentan que hay casos de hospitales en algunos estados donde verdaderamente quedaron colgados porque ofrecieron bastantes servicios y por más que presionan es la hora en que no les han cubierto lo acordado.

Dimesa podría lograr amparo

Por último le comparto que hay versiones de que Dimesa, la distribuidora del jalisciense Grupo Pisa, estaría ya conseguiendo un amparo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que suspendería la inhabilitación de 30 meses ordenada por el Ejecutivo. La verdad si lo consiguen estarían muy bien no sólo para Pisa, sino para Birmex que lo más probable es que tenga que recargarse en ésta y otras distribuidoras que tienen el expertise para poder hacer correctamente el reparto de la megacompra que está organizando la UNOPS, pero con la cual mantiene a muchos con el alma en un hilo pues lleva ya varias semanas de retraso sin convocar.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.

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