El anuncio de AMLO de reducir la edad en la que una persona recibirá una pensión no contributiva en las comunidades indígenas, con respecto al resto de la población desató un debate sobre si una política de ese tipo implica una discriminación contra los otros grupos de la población. La discusión en esos términos es claramente absurda. En algunos países occidentales existen políticas de acción afirmativa en favor de grupos étnicos que han sido históricamente relegados. Si bien las ciencias naturales han dejado más que claro que las razas no existen, lo que sí prevalecen son los prejuicios contra personas por su apariencia y prácticas culturales, que influyen directa y negativamente en sus posibilidades de tener mejores ingresos, educación, empleo y servicios públicos. Las ciencias sociales, por su parte, han demostrado que la etnicidad es un factor que afecta las posibilidades de desarrollo de las personas en México, por lo que las políticas de acción afirmativa son necesarias, como se muestra en el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad”, publicado en julio por Oxfam y realizado por los investigadores de El Colegio de México: Patricio Solís, Braulio Güémez y Virginia Lorenzo.

Los autores establecieron tres criterios para aproximarse a las características étnico-raciales en México: la pertenencia lingüística (la persona o sus padres hablan o no una lengua indígena); la autodescripción (me considero indígena o no), y la identificación física a partir del tono de la piel. Su pregunta de investigación es si estos factores influyen en las posibilidades de las personas de alcanzar logros educativos, ocupacionales y de ingreso con respecto a otras poblaciones y la respuesta es sí. Las personas hablantes de lenguas indígenas, las que se autodescriben como indígenas y las que tienen la piel más obscura tienen, estadísticamente, menores probabilidades de llegar a la educación superior, alcanzar posiciones laborales de alta jerarquía y formar parte de 20% más rico de la población. En el estudio se encuentra que hablar una lengua indígena es un factor adverso, incluso mayor al de tener piel de tono oscuro.

Dado el contexto de discriminación sistemática en el país, es necesario que existan políticas que ayuden a frenar las desventajas que los pueblos indígenas y otras poblaciones como las de afrodescendientes han experimentado a lo largo de la historia. Las políticas compensatorias, como otorgar pensiones a edades más tempranas en comunidades indígenas, cuyas poblaciones ni siquiera contaron a lo largo de su vida con seguridad social, deben ser acompañadas de políticas agresivas para revertir los efectos de las prácticas discriminatorias que prevalecen en el país. Además, el estudio revela que la brechas de desigualdad relacionadas con los perfiles étnico-raciales aumentan en el caso de las mujeres, especialmente en lo que respecta al ámbito económico, por lo que las políticas de acción afirmativa deben incluir el enfoque de género. Es decir, lo correcto sería que la edad para recibir una pensión sea menor para las mujeres indígenas, con respecto a las que no lo son. Nos guste o no, prácticas discriminatorias que se dieron a lo largo de la historia y las que aún prevalecen generan obstáculos para que las personas de grupos étnicos relegados tengan mayores dificultades que los demás para educarse, emplearse y obtener ingresos y, lo obvio, lo que se hace en otros países, es la acción afirmativa, reconocer la desigualdad y tratar de compensarla con políticas públicas. Eso no tiene nada de racista, por el contrario, es lo correcto en una sociedad que reconoce la diversidad y, por tanto, la desigualdad generada por factores históricos y sociales se debe compensar para garantizar igualdad de oportunidades.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.