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Las berlinas de la SCT
En la cuenta pública 2014, revisada por la Auditoría Superior de la Federación, quedó constancia de lo erogado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tren de alta velocidad México-Querétaro: fueron 970.7 millones de pesos y cubrieron los proyectos de preinversión, adquisición de terrenos y servicios para la liberación de los derechos de vía, así como otros gastos vinculados .
Sin estaciones intermedias entre los puntos de salida y de llegada, la doble vía de alta velocidad correría en un trazo de 209.7 kilómetros, donde el tren cubriría su itinerario en 60 minutos. Se consideraba la utilización, en la medida de lo posible, de los derechos de vía existente, como era el caso de las líneas ferroviarias Juárez y Morelos y las del Tren Suburbano, que sería ampliado hasta Huehuetoca.
Originalmente, el proyecto se realizaría bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP), por lo que la SCT encargó estudios de mercado, estudio de trazo, análisis ambiental del proyecto, evaluación socioeconómica e ingeniería financiera, análisis jurídico, estudio legal, liberación del derecho de vía y estudio ambiental, entre otros.
Pero luego, la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza tomó la decisión de no usar la figura de la APP, sino el esquema de obra pública, por lo que tuvo que encargar otros estudios adicionales.
Al final, tras considerar la complejidad, magnitud del costo de construcción, así como la naturaleza del proyecto, la SCT determinó que lo más conveniente sería licitar el proyecto integralmente (tipo llave en mano), con financiamiento incluido, como licitación pública internacional abierta.
Fueron 10 meses de esfuerzos estériles. El consorcio chino-mexicano que propuso un costo de 49,991 millones de pesos, más el costo del proyecto ejecutivo y la entrega del tren llave en mano, perdió el contrato. Pero reclamó a la SCT el pago de los gastos no recuperables por su participación en la licitación.
Hasta agosto pasado, reportó la ASF, aún no daba una resolución final a la demanda presentada por el consorcio, debido a que el monto del rembolso continúa en revisión. Las erogaciones por ese proyecto frustrado serán mayores y en estas épocas de austeridad y recortes son agraviantes. En la Cuenta Pública 2014 se reportaron como ejercidos 1,644 millones, entre los estudios de prefactibilidad, la liberación de los derechos de vía y la adquisición de terrenos y otros bienes. Y estaban otros 663 millones de pesos pendientes por pagar , a julio del 2015.
Los recortes no afectarán a dos proyectos ferroviarios de este sexenio, que también han representado erogaciones importantes. En el 2014, el gobierno federal erogó 3,239 millones de pesos para el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, cuyos trabajos se realizan al amparo de seis contratos de servicios relacionados con las obras públicas y cuatro contratos de obras públicas que en conjunto comprendieron la realización de estudios, el suministro y puesta de material rodante, así como la ejecución, control y supervisión de las obras. La ASF revisó 150 conceptos que engloban 3,076 millones de pesos, iguales a 95.0% de lo erogado.
La inversión programada es de 2,946.9 millones de dólares para completar esta red ferroviaria de 57.7 kilómetros, que tendrá su origen en Zinacantepec y su llegada en la delegación Álvaro Obregón.
El dictamen de la ASF, emitido el 17 de diciembre del 2015, concluyó que, en términos generales , la SCT y el GDF no cumplieron con las disposiciones legales y normativas. ¿Las más graves? La erogación de 622.7 millones de pesos por obra no ejecutada, al 31 de diciembre del 2014, correspondientes a 61,739 toneladas de acero de refuerzo, del contrato de obra DGTFM-19-14 del tramo 1; otros 318,116 millones de pesos por obra no ejecutada del tramo 2.
Los pagos por servicios no ejecutados suman 11.3 millones de pesos en el tramo 1 y 6.2 millones de pesos en el 2, que se contabilizaron aparte de los 68 millones del contrato de servicios de asesoría, que cubre los tres tramos del proyecto.
La ASF también fiscalizó 521.4 millones de pesos canalizados en el ejercicio fiscal 2014 para la ampliación del sistema de tren ligero en un tramo de 21.45 kilómetros, en el estado de Jalisco. El proyecto terminado contará con 18 estaciones y está dividido en tres tramos, dos de los cuales son elevados y uno subterráneo. Los siete contratos celebrados se adjudicaron mediante tres licitaciones públicas nacionales, tres invitaciones a cuando menos tres personas y una licitación pública internacional por conducto de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT.
Los auditores detectaron una deficiente evaluación de las propuestas de los licitantes , pero lo que resulta aún más gravoso: la mayoría del personal propuesto durante las licitaciones fue sustituido por otros funcionarios que no cumplen con el perfil y experiencia solicitada en las bases de las convocatorias a las licitaciones. Y en uno de los casos, la sustitución fue completa.
Además hubo entrega extemporánea de anticipos para la ejecución de las obras públicas; subcontratación de empresas y de trabajos no autorizados para subcontratar; cálculos de porcentajes de financiamiento fuera de norma; incorrecta aplicación de retenciones por el incumplimiento del programa de trabajo autorizado, y pagos improcedentes por 3.08 millones de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados.
