La transición

Las dos transiciones de gobierno más atropelladas en el México contemporáneo se dieron en 1982 y 1994. En el primer caso López Portillo le dejaba a su sucesor un país en quiebra total con una deuda impagable y una banca estatizada que alejaba a cualquier inversionista nacional y extranjero de la posibilidad de considerar a nuestro país como una alternativa viable. Miguel de la Madrid asumió el costo de ese fracaso y durante tres meses, aguantó vara para después romper totalmente con su antecesor e inaugurar la instrumentación del modelo económico neoliberal sin desmantelar el régimen de partido único.

En el segundo, tras el levantamiento zapatista y el asesinato Colosio y Ruiz Massieu, aunado a un elevado endeudamiento en dólares como consecuencia de la emisión indiscriminada de Tesobono, o sea bonos pagaderos en dólares, el equipo de Ernesto Zedillo le pide a Carlos Salinas la devaluación anticipada del peso para controlar una estampida de capitales a lo que el presidente saliente se negó y la bomba terminó explotándole en la cara a un inexperto equipo hacendario que no pudo contener la falta de credibilidad nacional e internacional en la economía mexicana.

Hoy estamos viviendo una transición que no debería tener mayores problemas. Sheinbaum y López Obrador comparten un mismo pensamiento y si bien la próxima primer mandataria se alineó todo el tiempo con AMLO, el llamado cambio sin ruptura presenta serios problemas prácticos. La propuesta de reforma al Poder Judicial implica la subordinación total de la Suprema Corte al Poder Ejecutivo y la desaparición de los organismos autónomos cierra la pinza de la reconstrucción de poder sin límite alguno para la nueva presidenta.

El problema es que México no está aislado del mundo como sucedía durante la época el priismo hegemónico previo a la globalización económica mundial. Una economía tan conectada con los vecinos del norte, con una moneda tan líquida como el peso mexicano y un déficit fiscal difícil de reducir en el corto plazo, no puede darse el lujo de funcionar sin un Estado de Derecho independiente de la voluntad presidencial. El simple hecho de proponerlo encendió las alarmas del mercado cambiario.

Si durante septiembre López Obrador, con una mayoría calificada en el Congreso consigue derrumbar el sistema judicial, el INE y los organismos autónomos, estará cometiendo el peor error que un presidente haya tenido en un periodo transición del mando a su sucesor. Será como heredarle a Claudia Sheinbaum una bomba de tiempo que le estallará más temprano que tarde. Esto no tiene lógica alguna a menos que se trate de una estrategia para que Andrés Manuel se mantenga en el poder de una u otra manera.