La reforma que sí necesitamos

La razón de Estado no se ha de oponer al estado de la razón”

Carlos V

E l pasado 5 de febrero fueron presentadas 20 iniciativas de reforma por parte del Presidente de la República, la mayoría de las cuales implican modificaciones constitucionales, para lo cual (dicho sea de paso) no tiene los votos necesarios para su aprobación.

El propio Presidente así lo reconoce y menciona que serán aprobadas cuando su partido obtenga la mayoría calificada en las próximas elecciones y, por lo pronto, que sirvan de guía, influencia, ejemplo, ruta crítica, propósito e ilustración de lo que deberá ser (según lo considera) el proyecto de nación de la próxima administración (suponiendo que gane la candidata de su movimiento).

Más allá de consideraciones éticas o incluso legales, presentar en este momento el paquete de reformas es sin duda una estrategia política y electoral de altos vuelos; el Presidente es un hombre con una habilidad única para leer y entender el panorama social, con una gran capacidad de diagnóstico. De esta suerte, este paquete de reformas se reduce en los hechos, a una estrategia electoral y por lo mismo, a mi entender, no merece mayor análisis de mi parte.

En cambio, la reforma que sí amerita una reflexión seria que no solo es indispensable, sino urgente, es la reforma fiscal. Esa que no está prevista, no está proyectada, no está ni siquiera pensada (según dichos de los propios candidatos presidenciales), pero que todos los que tenemos que ver con el tema, sabemos que se necesita porque: es importante, es necesaria y es urgente.

Las razones por las cuales considero que esta reforma es importante, son esencialmente dos: la primera, es que se refiere al principal origen de los recursos que requiere el gobierno para hacer su tarea. El régimen fiscal de un país es lo que le permite sobrevivir con una administración pública debidamente pertrechada, con los recursos necesarios para atender las necesidades públicas y sociales; dicho lo anterior, el cómo se usen, el cómo se gasten o inviertan esos recursos, esa es otra discusión (que excede con mucho las pretensiones de esta reflexión).

Nuestro régimen actual es innecesariamente complejo y absurdamente formalista, además es impreciso, punitivo, e ineficiente; considero que un cambio es no solamente necesario, es urgente.

La segunda tiene que ver con la esencia misma del régimen fiscal de un país: es el hilo conductor, el elemento que relaciona, el instrumento que permite la relación más importante de un gobierno con sus ciudadanos. Me explico: si soy comerciante, mi actividad me llevará a tener interacción con las autoridades competentes del área de economía, lo mismo sucede si me dedico a la farmacéutica o a la construcción, donde me relacionaré con las autoridades competentes en cada una de dichas áreas. Si soy académico, me relacionaré con las autoridades en materia de educación, si soy médico, con las de salud pública.

Pero en todos los casos, como ciudadano, sin importar a qué me dedique, mi relación forzosa e ineludible será con el fisco; siempre y en todos los casos.

La obligación fiscal representa el contacto de todos los ciudadanos con el gobierno, ninguna otra regulación alcanza a tantos; aún en el caso de que no produzca, que viva de subsidios o dádivas gubernamentales, tendré que adquirir bienes de consumo y pagar el IVA correspondiente.

La reforma fiscal es por otro lado necesaria, porque las necesidades de gasto e inversión pública son enormes y dependen fundamentalmente de una recaudación ordenada y eficaz. En los últimos años se han logrado niveles de recaudación sobresalientes; desafortunadamente no en razón de que la economía esté creciendo y los ciudadanos sean cumplidos con sus obligaciones fiscales; si analizamos la recaudación hoy, encontramos que se recauda porque se puede, porque los instrumentos y herramientas del gobierno para extraer de los ciudadanos el dinero son cada vez más eficientes y despiadados.

Hoy no importa si un gasto o una compra son razonables, esenciales para el negocio y se han cumplido los requisitos que marca la ley para su deducción, actualmente los extremos a que llega la autoridad para exigir la comprobación y posibilidad de deducción de una compra son inauditos1.

Necesitamos una recaudación ordenada y justa; en la que, si abuso o incumplo, me sancionen, pero que respeten la realidad de negocios y las formas legales de llevarlos a cabo.

La falta de conocimientos, inexperiencia y carga ideológica no son justificación de muchas de las decisiones que hoy toma la autoridad fiscal (y de las decisiones de los tribunales, mejor no hablemos).

Y es urgente, porque el país ya no aguanta más; llevamos cinco años estirando la liga y se nos va a reventar. Nos hemos gastado las reservas, los fondos de desastre y hasta los fideicomisos públicos.

¿Cómo pretendemos beneficiarnos del “nearshoring” en un país en el que las decisiones de los tribunales son causa de juicio político; qué parte no entendemos que un país sin Estado de Derecho evidente y demostrable no es un destino apetecible de inversión?

Ahora bien, visto todo lo anterior ¿cómo le hacemos? Pienso, siendo el irredento optimista que soy, que en este tema hay alternativas, hay formas de salir adelante y ayudar al país.

Y aclaro: esta idea y propuesta que adelante expongo es apartidista e independiente de quién gane las elecciones de este año; es una idea técnica y objetiva que parte de la realidad operativa del país, no de la realidad política, parte de esa realidad que atienden y administran quienes producen en el país y quienes los ayudamos a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Para ello, permítanme contarles primero una historia; ocurrió en Holanda en 2009:

El proyecto holandés se inspira en un proyecto inglés previo, conocido como la Revisión Mirrlees (The Mirlees Review2), que reunió expertos en materia fiscal para identificar las características de lo que sería un buen sistema fiscal para una economía abierta en el siglo 21, distintos investigadores, funcionarios públicos y profesionistas se lanzaron a formular su propia versión de lo que consideraban un buen sistema fiscal.

Como el propio reporte holandés lo menciona (al menos en su resumen en idioma inglés, al que he tenido acceso y que pongo a disposición de cualquier interesado), ante una crisis financiera, con presupuesto al alza, una recaudación ineficiente y un futuro incierto, se necesitaba hacer un alto en el camino y una revisión seria del sistema fiscal.

El análisis pretendía identificar si el sistema fiscal era adecuado para enfrentar los problemas y tendencias estructurales de Holanda, en ese momento y, si era posible identificar mejoras que hicieran el sistema más simple económicamente, más eficiente, más sólido, más amigable con el medio ambiente, e identificar de qué manera la solidaridad social estaba soportada por el propio sistema. Todo lo anterior, se propusieron, sin cambiar la carga tributaria sobre los contribuyentes (como el propio reporte lo menciona, era todo un reto).

En el comité que se formó para llevar a cabo el análisis propuesto había funcionarios públicos de alto nivel (léase políticos), académicos, encargados de áreas de atención social y no menos de tres funcionarios medios del área hacendaria del gobierno (de esos que arrastran el lápiz y entienden de impuestos).

Trabajaron en grupos pequeños, dividiendo el análisis por temas e impuestos en especial incluyendo por sistema el efecto previsto por cada medida sugerida: (I) en el presupuesto y (II) en el poder de compra de los ciudadanos. Los temas se discutieron en foros abiertos, con la activa participación de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y hasta sindicatos.

El reporte, reconocen sus autores, no motivó una gran reforma fiscal (como hubieran querido) pero se ha vuelto el manual para ir poco a poco modificando lo que es viable modificar y avanzando en la construcción de un mejor sistema fiscal, más eficiente y más justo en Holanda.

Conociendo esta historia de primera mano y habiendo discutido en detalle con quien estuvo a cargo de dirigir y coordinar este esfuerzo, tanto por lo que hace a la forma en que se organizaron en Holanda para la preparación y emisión de su reporte, así como sus problemas principales y obstáculos imprevistos, me gustaría hacer una propuesta para la revisión de nuestro sistema fiscal mexicano.

Esta propuesta parte de la necesidad de revisión de nuestro sistema fiscal y la posibilidad de aportar para su mejoramiento, a través de la propuesta de una verdadera reforma fiscal, no de un parche a través de resoluciones misceláneas. Me parece que las líneas principales que debiesen guiar esta búsqueda son:

• Un sistema fiscal más eficiente;
• Un sistema fiscal más justo, que reconozca y considere las desigualdades y carencias;
• Un sistema fiscal que promueva el cuidado del medio ambiente;
• Un sistema fiscal que reduzca al mínimo las posibilidades de corrupción;
• Un sistema fiscal que permita el desarrollo de negocios nuevos y su evolución; y,
• Un sistema fiscal que parta de la base de la buena fe y la legitimidad de la actividad económica de los particulares.

El análisis y la formulación de propuestas estaría a cargo de un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por representantes (uno o más, ya se vería) de las entidades y organizaciones que adelante se mencionan; evidentemente pueden adicionarse otras y algunas podrían no estar interesadas, las mencionadas son las que se me ocurren a partir de mi experiencia y conociendo el trabajo constante y serio que se hace en materia fiscal:

Colegios Profesionales:

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos(como federación de colegios estatales)
• Barra Mexicana Colegio de Abogados
• Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
• Asociación Nacional de Abogados de Empresa
• Colegio Nacional del Notariado Mexicano

Organizacionesprofesionales especializadas:

• Academia Mexicana de Derecho Fiscal
• Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública
• Asociación Nacional de Especialistas Fiscales –
• IFA Grupo Mexicano
• Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas

Organismos Empresariales:

• Consejo Coordinador Empresarial (como organismoque agrupa cámaras y otros organismos empresariales);
• Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
• Confederación Patronal de la República Mexicana(en su calidad de sindicato patronal);

Entidades Oficiales:

• Procuraduría Fiscal de la Federación
• Servicio de Administración Tributaria
• Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Los trabajos se desarrollarían a partir de una agenda de trabajo que sería consensuada con la representación de las entidades y organizaciones que acudan a la convocatoria, a través de grupos de trabajo por especialización; una vez concluido, el resultado sería presentado ante quien haya ganado la Presidencia de la República como aportación técnica y apartidista en el ánimo de mejorar este sistema fiscal que hoy nos rige. Me queda claro que no habrá ningún compromiso por parte de quien lo reciba de aplicarlo, vamos, ni siquiera de leerlo; me anima sin embargo la idea de que nos toca hacer algo y no quedarnos cruzados de brazos. Le debemos mucho a este país, yo personalmente así lo reconozco.

El movimiento se demuestra andando, así que yo, por lo pronto, intentaré convocar a una primera reunión de trabajo, apoyado en un grupo pequeño pero integrado por destacadísimas personalidades del ámbito fiscal de nuestro país, que me han manifestado ya su interés por participar y su compromiso con México para mejorar un sistema fiscal, que independientemente de qué partido o corriente política nos gobierne, merecemos que sea mejor.

1. En un caso que conozco de primera mano, la deducción de materia prima para generar productos terminados fue rechazada a pesar de contar con contrato de suministro debidamente formalizado (factura del vendedor, evidencia del pago, evidencia de la entrega, fotografías del acto de entrega, del vehículo en que se transportó, registro de las placas y del chofer con su identificación, etc.), de una demostración de la existencia (y venta) de los productos terminados (que solamente pudieron ser fabricados con esa materia prima), declaración de los ingresos y pago de impuestos por la venta de ESOS productos, etcétera: el argumento de la autoridad es que no había “materialidad suficiente” (concepto indefinido legalmente y que los tribunales – vergonzosamente- han permitido que la autoridad exija a su antojo).
2. Cfr. https://ifs.org.uk/mirrlees-review