La protección de una elección

En una democracia representativa como la nuestra, la celebración sistemática de elecciones transparentes, objetivas e imparciales es condición sine qua non, para que la ciudadanía manifieste su voluntad en la configuración de los gobiernos. El voto es uno de los más poderosos actos cívicos, es, casi por antonomasia, la expresión institucional de la voluntad electoral de los ciudadanos.

El Estado democrático es el garante del sufragio. En un primer tiempo, las instituciones públicas deben garantizar las condiciones que permitan celebrar los comicios conforme con las disposiciones legales vigentes. En segundo, la participación directa de los ciudadanos es indispensable, no sólo acudiendo a votar, sino denunciando cualquier anomalía durante el proceso electoral ante las instituciones competentes.

En la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, como parte de una estrategia integral de prevención delictiva y en cumplimiento de nuestras obligaciones jurídicas, hemos impulsado mecanismos que garanticen la libertad del sufragio y el correcto ejercicio de los recursos públicos. De esa manera, nuestra oferta permanente de capacitación y difusión de materiales informativos se ha incrementado significativamente, ampliando sus alcances gracias a los esquemas de coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno.

En los comicios que se celebrarán el próximo 5 de julio a lo largo y ancho del país, sólo una tercera parte de los puestos de elección popular en disputa es de ámbito federal. El resto corresponde a las gubernaturas, alcaldías y congresos locales de los estados con elecciones concurrentes. Sin embargo, esta proporción no implica una responsabilidad menor para las autoridades en cualquiera de los ámbitos de gobierno. Por el contrario: es un compromiso que obliga a los servidores públicos que se desempeñan en los tres poderes del Estado a conducirse en apego a la legalidad y bajo los estándares éticos más altos.

En ese sentido se han instrumentado diversas estrategias y acuerdos, de cara a los próximos comicios. Por ejemplo, desde el 31 de enero del 2008 se firmó el acuerdo por el que se establecen las Bases de Colaboración Interinstitucional para el fortalecimiento de las acciones de prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de delitos electorales federales, en el que participan 29 dependencias y entidades de la administración pública federal.

Este instrumento jurídico ha permitido difundir miles de materiales informativos en todo el territorio nacional, poniendo a disposición de los servidores públicos nuevas herramientas para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, personal especializado de la FEPADE les ha ofrecido capacitación continua y, por su parte, las instituciones participantes han emprendido acciones para informar tanto al personal que ahí colabora, como a los ciudadanos que reciben un servicio.

Bajo la misma lógica, también hemos instrumentado la estrategia llamada Blindaje Electoral.

A partir de actividades de sensibilización, información y evaluación de las acciones emprendidas por las instituciones participantes, se han dispuesto una serie de medidas encaminadas a la protección de los programas sociales y, en general, de todos los recursos públicos, para garantizar que se ejerzan lejos de las actividades proselitistas y conforme con las disposiciones legales correspondientes.

De igual manera, los gobiernos estatales han expresado su compromiso para evitar el desvío de los recursos públicos a las campañas y contribuir al desarrollo de los procesos electorales bajo condiciones de legalidad, equidad y transparencia.

Además de los diversos acuerdos, declaratorias y programas de trabajo que han celebrado algunas autoridades estatales con la FEPADE y la Secretaría de la Función Pública, el pasado 31 de marzo, durante la 36 reunión de la CONAGO, los gobiernos de los estados y del Distrito Federal firmaron el Pronunciamiento por la civilidad democrática , así como un convenio de colaboración con las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, y con la Procuraduría General de la República, con la participación de la FEPADE. Este último documento ha ampliado los alcances de nuestra estrategia de prevención del delito, intensificando la distribución informativa y fortaleciendo la coordinación con las procuradurías locales, rumbo a los comicios de julio próximo.

El Poder Legislativo también se ha incorporado a este esfuerzo, a través de la Comisión responsable de vigilar el correcto uso de los recursos públicos durante el proceso electoral federal del 2009.

Las labores de los diputados federales permiten la canalización de denuncias y el fortalecimiento de una cultura de la legalidad e institucionalidad democrática.

Sin embargo, todas estas acciones carecerían de sentido sin la participación ciudadana. Como protagonistas y centro de gravedad de nuestro sistema político, es indispensable que la primera línea de defensa de los derechos cívicos sean, precisamente, los ciudadanos. De ahí la importancia del ejercicio del voto y de la denuncia de conductas anómalas ante las autoridades competentes.

Así, la protección de las elecciones que se celebrarán en escasos dos meses involucra un auténtico compromiso nacional. Tanto las instituciones como los individuos tenemos obligaciones y derechos, cuyo cumplimiento configura la calidad de nuestra democracia. En la FEPADE hemos trabajado y trabajaremos intensamente para abonar a que el próximo 5 de julio los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.

*Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales