La paz y las urnas en Colombia

El pasado 7 de octubre, el comité del Premio Nobel anunció en Oslo que había decidido otorgarle el prestigiado galardón al presidente colombiano Juan Manuel Santos, por sus decididos esfuerzos para alcanzar la paz luego de medio siglo de lucha armada con la guerrilla al interior de su país.

La noticia llegó en un contexto complejo para Colombia, poco después de la derrota del sí a la paz en el plebiscito que sometió a votación avalar o no los acuerdos alcanzados en La Habana para terminar con el conflicto entre el gobierno y las FARC que no ha dado tregua a la sociedad colombiana desde hace medio siglo.

Los organizadores del Nobel saben que su definición compromete, o al menos refuerza el compromiso, para que el Estado colombiano mantenga el cese al fuego y busque alternativas para no abandonar un diálogo que concrete el nuevo acuerdo de paz frente a la negativa para confirmar el ya firmado entre las FARC y Santos.

Más de 60% de las y los colombianos decidió no votar, pero 6.4 millones decantaron el apretado triunfo del no , frente a los 6.3 millones que optaron por acudir a las urnas y marcar el sí .

No es la gran mayoría de electores, pero es una mayoría suficiente para poner en riesgo la apuesta de Santos por fortalecer el acuerdo adoptado y ha significado un dilema de incertidumbre porque ahora necesita replantearse el contenido del documento de paz sin que para ello exista un claro mandato ciudadano de qué representa exactamente el no , qué ajustes son los que habría que hacerle al documento para dotarlo de legitimidad y respaldo popular.

La pregunta que se puso en todas las mesas de votación no da esa claridad: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? SÍ o NO .

Durante la corta campaña previa a la jornada de plebiscito, los opositores al sí , identificados con el expresidente Álvaro Uribe, argumentaban que tendría que modificarse el pacto ya firmado entre otras cosas para impedir amnistía a dirigentes de las FARC, para restringirles el derecho a ocupar espacios en el Congreso, exonerar a cualquier militar no guerrillero y hasta eliminar el lenguaje que a juicio de iglesias representaba ideología de género .

Porque en esta historia hubo una intervención de curas en el púlpito según denuncias de los promotores del sí y eso ayudó a la estrategia política para descarrilar los acuerdos de paz afirmando que sus contenidos introducirían una postura en favor de la diversidad sexual por incluir párrafos, por ejemplo: Asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables (pag 4).

Quizá fue minimizada la posibilidad de fracaso o la necesidad de construir un contexto de voto informado ante lo que parecía una pregunta que sumaría el apoyo en automático y no asumir que cualquier ejercicio de democracia directa está lejos de ser un trámite para legitimar cualquier cosa y el acuerdo ya adoptado, que de forma legítima y legal se firmó entre la guerrilla y el gobierno electo democráticamente, ha quedado incierto de un día a otro.

¿Se pueden someter a votación derechos humanos? ¿Es válido simplificar en una pregunta quién quiere paz y quién guerra? Creo que la experiencia del plebiscito deja varios ángulos de reflexión. Será la historia y los propios colombianos quienes definan qué falló y qué no en la votación del pasado 2 de octubre, pero creo que es un caso paradigmático de cómo las figuras de participación ciudadana directa en las decisiones trascendentes de políticas públicas requieren contextos de voto informado y un umbral de mayoría vinculante que no puede conformarse con 62% de abstencionismo y una diferencia de pocos votos entre las posturas a consulta, además de conductas responsables de partidos y gobiernos acotadas por reglas para este tipo de ejercicios antes de llevarse a cabo.

El acuerdo consta de 297 páginas y requirió cuatro años definir sus contenidos. Se firmó el 24 de agosto y casi de inmediato se fue a consulta en un cálculo riesgoso porque no había un tiempo razonable para discutir sus contenidos y convencer a la población ante una pregunta que prometía aceptación automática y no fue así.

Las campañas mostraron cómo la estrategia de confundir puede lastimar los procesos deliberativos. Por ejemplo, Juan Carlos Vélez, excandidato a la alcaldía de Medellín y promotor del no , acaba de desatar enorme polémica por su explicación transparente de cómo fue la estrategia de comunicación utilizada en su campaña opositora al acuerdo de paz firmado por Santos. Vélez le declaró al diario La República que habían buscado centrar la campaña en la indignación hacia la guerrilla, que la estrategia esperaba que los votantes acudieran molestos a las urnas y para ello evitarían que se explicaran los contenidos de los acuerdos a detalle porque era la indignación lo que había que nutrir. Le cuestionaron entonces: ¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña? . Su respuesta ha mostrado el grado de irresponsabilidad de los actores políticos: Fue lo mismo que hicieron los del ‘sí’ .

La democracia en las urnas debe apostar por la deliberación informada y nunca por la siembra de odios o manipulación como estrategia y rutina, tampoco por marginar a la sociedad de las decisiones políticas.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.