Muy poca atención ha recibido la creación de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Es una lástima. Su apelativo es una declaración muy ambiciosa de propósitos y alcances, por cierto, vitales para el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Ya es tiempo de que empiece a respirar y a moverse en el sentido de honrar su nombre y de cumplir con las responsabilidades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: ordenamiento territorial.

Políticas de ciudades, zonas metropolitanas, asentamientos humanos y centros de población. Regularización de la propiedad. Planeación del desarrollo urbano. Políticas, planeación y programas de vivienda. Llevar el Registro Agrario Nacional y resolver asuntos de límites en la propiedad rural. Establecer políticas de conservación de tierras y agua. Asumir la administración de terrenos nacionales. Coordinarse con estados y municipios para fines de planeación territorial, urbana y de vivienda. Satisfacer necesidades de tierra para desarrollo urbano, infraestructura y vivienda. Planear del desarrollo sustentable a escala nacional. Crear reservas territoriales para desarrollo urbano. Definir programas de financiamiento. Promover la modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. Elaborar programas regionales y especiales.

Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano. Y, ejercitar el derecho de expropiación por causas de utilidad pública...

Como se ve, la tarea que tiene ante sí la Sedatu es formidable, más aún, dados los problemas y desafíos colosales que enfrenta México en las áreas de competencia que se le otorgan. Ya todos sabemos que las políticas de vivienda seguidas hasta ahora son insostenibles por sus impactos sociales y ambientales, y por la destrucción del tejido urbano que provocan. Las empresas desarrolladoras de vivienda se encuentran en situación crítica, y con ellas, un sector económico que representa alrededor de 6% del PIB. Los municipios son incapaces de regular los usos del suelo en sus jurisdicciones, y es necesario diseñar nuevas fórmulas (incluso constitucionales) de concurrencia federal para el diseño y aplicación de planes y programas de desarrollo municipal y urbano. El ordenamiento del territorio pocas veces pasa de ser un ejercicio de gabinete; debe convertirse en una verdadera matriz de regulación de usos del suelo y de orientación del desarrollo regional.

Prácticamente, no existen políticas metropolitanas funcionales en el valle de México y en otras grandes urbes del país en lo que respecta a usos de suelo, gestión de servicios públicos de agua y de manejo de cuencas, ni en materia de transporte y manejo de residuos. Los municipios se resisten a construir catastros y registros públicos de la propiedad funcionales, y a cobrar impuestos prediales (sólo recaudan 0.2% del PIB). No existe un banco de tierra o reserva territorial para vivienda y desarrollo urbano. Proyectos estratégicos de infraestructura (en especial de energías renovables: hidráulica, eólica, solar, geotérmica) se enfrentan a serios conflictos y a una gran incertidumbre contractual con propietarios de la tierra, que los retrasan hasta hacerlos financieramente inviables o los hacen abortar por presiones políticas.

Persisten grandes problemas y conflictos de límites entre núcleos agrarios e incluso entre entidades federativas (como en Los Chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas), que provocan inseguridad, violencia y destrucción de recursos naturales. La deforestación de tierras ejidales y comunales sigue cobrándose más de 100,000 hectáreas anuales, y no tenemos un sistema público de cartografía satelital o de información geográfica que aproveche las nuevas tecnologías, le dé seguimiento anual, permita evaluar políticas de gobierno y haga que rindan cuentas los responsables.

Han casi desaparecido los terrenos nacionales como consecuencia, durante el siglo XX, de décadas de privatización a través del reparto agrario (ejidos y comunidades son también propiedades privadas, sólo que sus dueños son muchos, a pesar de que la corrección política quiera ignorarlo).

No hay un esquema para recuperar el acervo de terrenos nacionales y administrarlos de acuerdo con el interés público. Téngase en cuenta que en México, incluso las áreas naturales protegidas son eminentemente propiedades privadas, lo que significa retos extraordinarios para la conservación. Es crucial que la Sedatu coadyuve con la Semarnat en ampliar su cobertura notablemente y en diseñar y aplicar programas de manejo de manera concertada con los propietarios. En el siglo XXI, las instituciones de propiedad agraria (ejidos y comunidades) deben convertirse en sujetos responsables de gestionar bienes públicos nacionales, como biodiversidad, bosques, selvas desiertos y aguas.

Es urgente que la Sedatu dé señales de vida, y que, si va cumplir sus cometidos, al menos vaya haciendo acopio de los recursos humanos, institucionales y técnicos exigibles.

www.gabrielquadri.blogspot.com