Una de las formas más eficientes para la formación de capital y para inyectar dinamismo a los mercados de las economías emergentes es mediante la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro.

Estas instituciones de registro afianzan el derecho de propiedad, previenen fraudes en operaciones inmobiliarias, fomentan la competitividad económica, promueven la profundización del mercado hipotecario y fortalecen las haciendas públicas.

En México, a finales del siglo XX, los registros de las entidades federativas presentaban una deficiente conservación de archivos, atraso tecnológico, falta de soporte legal para el uso de sistemas electrónicos y lentitud en los trámites.

A inicios del siglo XXI, comienza su modernización con la incorporación de tecnologías de la información y el mejoramiento de la gestión de los archivos. En el programa de modernización los gobiernos de las entidades federativas presentan, ante una instancia federal, proyectos con el fin de obtener subsidios canalizados a fortalecer sus sistemas de registro.

Entre 2007 y 2018, las 54 instituciones registrales y catastrales de México recibieron 3,233 millones de pesos para ejecutar 202 proyectos. A 2018, se logró que 27 entidades contaran con una Ley de Firma Electrónica Avanzada, 26 registros usaran técnica de inscripción electrónica, 7 registros completaran su digitalización y 6 entidades mejoraran sus plataformas catastrales.

El indicador internacional Doing Business del Banco Mundial clasifica a las naciones en términos de “la facilidad para hacer negocios” en su territorio. Este indicador incluye la variable “registro de la propiedad” que mide cómo este elemento puede facilitar, o dificultar, una operación económica; mide el costo y tiempo de realización, la accesibilidad a la información y la resolución de disputas.

Con esta medición se observa que las entidades federativas de México, que a 2016, tuvieron el mejor posicionamiento para hacer negocios, son entidades que avanzaron en su modernización registral. Por ejemplo, Querétaro, Estado de México y Colima, que ocupan los lugares 2, 7 y 4 del ranking nacional, están entre las cuatro entidades que más modernizaron su registro.

Estos datos son indicios que reflejan cómo el otorgamiento de certeza jurídica, mediante la digitalización del registro, favorece a la inversión. En contraste, Nayarit, Michoacán y Oaxaca, los más rezagados en modernización, son de los últimos lugares (ver gráfica).

En 2019, la Auditoría Superior de la Federación, mediante una auditoría de desempeño con enfoque de ciclo presupuestario, detectó que la política de modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastro debe avanzar hacia un enfoque de resultados, que canalice los recursos con base en las necesidades de las entidades para culminar sus procesos de modernización, considerando la evaluación del proceso y su impacto en el otorgamiento de certeza jurídica.

El 20 de febrero de 2021, la ASF publicará sobre este tema un nuevo informe de auditoría y se habrá de conocer cómo se ha avanzado en el perfeccionamiento de la política pública que atiende estas necesidades de modernización.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

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