La ley del cavernícola

Es impensable que se mantenga una puerta entreabierta a la inoperancia institucional si ya se sabe sobradamente que esa ha sido la entrada a la impunidad, a la arbitrariedad y a la proliferación de vicios que han minado la vigencia y la consolidación del estado de derecho.

La decisión compete a nosotros como ciudadanos por igual. Ampliamos el margen de lo ya permisible para conductas que transgreden la ley y desprecian el actuar de las instituciones democráticamente instituidas, o ponemos un enérgico alto para poner dentro de la normalidad funcional el actuar de los mexicanos en el estado de derecho. Pero el infortunio de todos es que en un clima de alta polarización y con un ánimo social crispado, difícilmente es posible procurar la civilidad y la convivencia ordenada de muchos quienes, por motivos de afinidad política, hoy cuentan con distintos pareceres.

Al margen de las creencias que derivan de las filias, no es posible transgredir de manera impune la barrera de lo legal. A esta distancia sabemos de lo pernicioso que resulta ponderar arreglos políticos más o menos estables, con cierto grado de eficiencia y pragmatismo, sobre el cumplimiento de la ley como criterio básico del orden social, económico y democrático.

Es impensable que se mantenga una puerta entreabierta a la inoperancia institucional si ya se sabe sobradamente que esa ha sido la entrada a la impunidad, a la arbitrariedad y a la proliferación de vicios que han minado la vigencia y la consolidación del estado de derecho.

Hace un par de días, vimos a un Félix Salgado Macedonio personificar un episodio que puede inscribirse en la irresponsabilidad e incluso encuadrar en la conducta criminal. Un embravecido aspirante a la gubernatura de Guerrero, de quien escuchamos la voz de sus entrañas para sugerir que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, merecían el juicio sumario de una turba enardecida a quienes se les concedía pasaporte para enfrentarlos a domicilio.

El entorno se encuentra quizá como nunca tenso contra el instituto y resulta no solo imprudente sino criminal encauzar una conducta que bien sugiere la agresión en contra de dichos funcionarios. El fondo del asunto que alude al incumplimiento del artículo 229 de la ley de instituciones y procedimientos electorales por la no presentación del informe de ingresos y gastos de precampaña, situación en la cual incurrió el mencionado envalentonado guerrerense. No podríamos a capricho conceder que se aplique un criterio distinto de sanción ante lo que los numerales 2 y 3 de tal ordenamiento establecen.

Pero mucho peor aún, es que derivado de la frustración y rencores acumulados, pueda acontecer lo que es conocido en el código penal federal como apología del delito. En tal circunstancia, el artículo 208 prevé como crimen la provocación pública para cometer un acto ilícito; incluso, agrava la pena en caso de que este se encauce hacia un servidor público. ¿En un raciocinio cavernario cabe la prudencia y la templanza?, parece ser que esa no es norma en el actuar de Don Félix.

Twitter: @gdeloya