De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en México la inclusión financiera se refiere a que la población acceda y use los servicios financieros formales como el ahorro, el crédito, los seguros y los medios de pago, en el marco de una regulación que garantice protección al consumidor y promueva la educación financiera

En la presente columna explicaré la situación de la inclusión financiera en México, en especial en el sector rural.

Posteriormente ejemplificaré la manera en la que FIRA, como parte de la banca de desarrollo que coordina la SHCP, fomenta esta inclusión.

Los beneficios de una amplia inclusión financiera se traducen en un mayor bienestar y desarrollo económico, dado que el acceso a recursos crediticios facilita la inversión productiva, la adquisición de insumos, la adopción de tecnologías innovadoras y la diversificación de mercados, actividades que pueden incrementar la rentabilidad de las empresas.

A decir del Banco Mundial, la evidencia sugiere que la inclusión financiera permite a los individuos estabilizar su consumo e invertir en educación, salud y emprendimientos.

Por estas razones durante los últimos años países como México han impulsado la inclusión financiera; sin embargo, todavía tiene mucho potencial de crecimiento, en especial en el medio rural.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 señala que, en su mayoría (76% en localidades de hasta 15,000 habitantes y 67% en localidades urbanas), la población mexicana hace frente a una emergencia económica mediante un préstamo de amigos, familiares o conocidos, en lugar de emplear un crédito formal de instituciones financieras. Lo anterior es un ejemplo que refleja el poco uso de servicios financieros formales, sobre todo en zonas rurales.

De forma paralela, el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016 del Consejo Nacional de Inclusión Financiera refiere que, con relación al acceso, en el 2015 21.1% de los 1,294 municipios rurales con una población de hasta 15,000 habitantes contaba con sucursales de intermediarios financieros, de las cuales, 51% correspondía a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Cajas) y 34%, a los bancos, principalmente.

En cambio, de los 732 municipios con más de 15,000 y hasta 50,000 habitantes, 73% contaba con sucursales financieras y los bancos aportaron 58% de éstas.

Entonces, las localidades pequeñas reciben, en general, una menor oferta de servicios financieros que proviene en mayor medida de los intermediarios financieros no bancarios, en detrimento de los bancarios; esto sugiere poca competencia, la cual podría significar costos más altos para los usuarios.

En la edición de mañana se abordarán otros aspectos de la inclusión financiera así como algunas acciones para impulsarla, particularmente en el sector rural.

*Xóchitl Gil Camacho. Especialista de la Subdirección de Evaluación de Programas. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.

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