La importancia de los reguladores autónomos

La nueva ocurrencia emanada de la mañanera fue una diatriba del presidente contra los órganos autónomos y reguladores del Estado mexicano, con la amenaza de desaparecerlos. Además de ser políticamente inviable, refleja una visión reduccionista de la importancia del Estado regulador en una economía compleja.

El presidente confunde categorías y estatus legales. Los órganos constitucionales autónomos son el Banco de México, el INE, la CNDH, el Inegi, la FGR, el Coneval y sí, algunos de los mencionados por el presidente: el IFT, la Cofece y el Inai. Por otro lado, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) son órganos reguladores coordinados en materia energética, dotados de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuentan con personalidad jurídica propia. Cada una de estas categorías es diferente y no pueden meterse en el mismo paquete. Sobra decir que desaparecer a las cuatro que mencionó el presidente (IFT, Cofece, CRE, Inai) apenas tendría un impacto presupuestal. El presupuesto aprobado para este año suma 3,634 millones de pesos entre las cuatro, menos del 0.05%, del presupuesto de 2023.

La anunciada reforma del presidente parece inviable, ya que lo que sí tienen en común es una base constitucional. Cualquier reforma requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, que la coalición gobernante no tiene.

Pero lo más sustancial es la visión del Estado de esta administración. Para ilustrar, me centraré en dos de estas dependencias: la CRE y el IFT. Ambos adquirieron su carácter actual después de las reformas de 2013 y son cruciales para regular sectores esenciales como la energía y las telecomunicaciones.

La CRE regula el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, gas licuado y petrolíferos, así como la generación, transmisión y distribución de electricidad. Todos los permisos de generación y trámites relacionados a la industria eléctrica pasan por este organismo, actividades fundamentales para el funcionamiento de la economía. Antes de desmantelarla, se debería aumentar su presupuesto para agilizar los miles de trámites retrasados, lo que ha limitado de forma significativa el otorgamiento de nuevos permisos de generación. En 2018 se dieron permisos por 11.1 GW, mientras que en 2022 solo fueron 2.3 GW.

El IFT también cumple una función fundamental, ya que supervisa y regula el uso y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con independencia de la agenda política (imagínense qué clase de regulación saldría de Presidencia cuando los regulados son parte del Consejo Consultivo). Su responsabilidad abarca regulación, permisos y fallos relacionados a telefonía, televisión e internet. Ha dado resultados tangibles más allá de los avances tecnológicos. Desde 2013, ha logrado disminuir tarifas y aumentar significativamente la cobertura.

Existen críticas legitimas que se pueden hacer al funcionamiento o decisiones de ambas instituciones, pero nadie puede negar su importancia. Pensar que en pleno siglo 21, actividades tan complejas y cruciales para una economía diversificada como la mexicana se pueden desaparecer, no solo es un despropósito, sino que muestra una falta de entendimiento de las labores del estado moderno en regular la actividad económica. Esta regulación solo puede venir de burocracias autónomas, profesionales y especializadas en temas de esta importancia. La buena noticia es que, al parecer, esta propuesta no tiene ningún futuro y solo es parte de la politiquería, como dicen en Palacio.