Mucho se ha señalado la especial importancia en el sistema de pesos y contrapesos del gobierno federal que constituyen los organismos autónomos creados desde finales de los 90 para atender funciones técnicas —para desligarlas de la política, si bien esto no es del todo posible y conveniente—, en funciones específicas y cuya dependencia queda en el limbo entre los otros tres poderes (desde el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles), hasta llegar a una autonomía casi total, blindada a nivel constitucional, como el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Se ha denunciado que son caros y que constituyen una rémora de la ideología neoliberal, a la vez que estorban la concentración que AMLO está buscando de la presidencia imperial, de Enrique Krauze. Sin dejar de denunciar el estilo personal de gobernar que busca volver a unificar el poder en manos de un nuevo Gran Tlatoani, que ha sido denunciada por propios y extraños como quizá el mayor enemigo de la conservación de la democracia, creo que hay un aspecto en el que los que buscan desaparecer o mutilar sus amplias funciones no deben dejar de admitir su proliferación excesiva, que de todos modos muchas veces siguieron sin lograr su tan ansiada autonomía, y quisiera destacar un aspecto que el economista Ja Joon Chang —ahora economista de los aceptados por la nueva nomenclatura amlista— señaló respecto a la creación de instituciones de los países desarrollados que ahora la OCDE, el Banco Mundial y el FMI manifiestan en su narrativa como instituciones necesarias para alcanzar el desarrollo, cuando fueron el resultado de un capitalismo avanzado una vez recorrido con más o menor éxito el camino hacia el progreso. Estamos de acuerdo con tal economista en que copiar sus instituciones hace sentido más o menos se haya alcanzado cierto nivel de desarrollo económico, pero en el camino quizá son necesarios otros instrumentos para llegar a tal objetivo. En este sentido, habría que ver el nuevo entramado institucional que proponga López Obrador y su idoneidad para ayudar en el camino a la prosperidad económica, tomando en cuenta el importante peso que el factor cultural juega en la economía, y sin el cual es imposible que los mejores organismos autónomos alcancen su mandato institucional, separándonos un poco de los postulados de la economía institucional del premio Nobel Douglas North.

Pero repensar las instituciones, como ha señalado Aguilar Camín, no quiere decir aplicar el machete en lugar del bisturí, máxime cuando hay dos sectores que han sido indispensables en todos los países que han logrado un auténtico desarrollo: la educación y la investigación, así como un sistema sólido en salud, que permita hacer llegar a la población los servicios sanitarios básicos, como muchos especialistas han demostrado con cifras que se alcanzaron con el Servicio Popular, que a diferencia de lo que opina AMLO sí fue seguro y sí fue popular.

En el mejor de los casos, Andrés Manuel López Obrador ha señalado un diagnóstico medianamente correcto, pero se equivoca en su propuesta de instrumentación, como dice Chang, para alcanzar la escalera del desarrollo. En ningún momento he visto su referencia a los pocos países que han alcanzado la prosperidad económica, el camino por el cual accedieron a la misma, y cómo se pueden “tropicalizar” esas instituciones. Sobra evidencia empírica que los economistas de la UNAM, FLACSO y el Colmex han señalado desde hace décadas, y que AMLO ignora —no sé si dolosamente— destruyendo lo que había —sin medir su eficacia— y sin ofrecer instituciones en sustitución que no se reduzcan al acaparamiento del poder presidencial que —en eso sí tenemos experiencia los mexicanos— han acabado hundiendo al país a crisis transexenales repetidas con suficiente constatación histórica, él que presume de conocimiento histórico nacional.