Alrededor de la consulta que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto se han vertido pocos argumentos y muchas descalificaciones. Se le ha reducido a una de dos opciones: a favor de la transformación o a favor de la corrupción del pasado. O, si se quiere, en un referéndum para AMLO. Mientras llega el momento de votar (o no votar), las acusaciones ya están sobre la mesa. Los pro-AMLO aseguran que los medios no están atendiendo la importancia histórica del ejercicio, que el INE hizo un pésimo trabajo en organizarla y publicitarla y que la mayoría de los columnistas la están descalificando.  Por el otro lado, el argumento más pesado para oponerse a la consulta es que debe procederse contra los expresidentes si hay pruebas contra ellos, sin necesidad de preguntar a la gente. También, se señala que se está obligando a trabajadores públicos de aquellos estados gobernados por MORENA para que voten o se atengan a las consecuencias o se ofrece dinero para que los simpatizantes lleven acarreados. 

¿Qué busca en realidad el presidente López con esta consulta, una consulta en la que ha dicho no participará? ¿Busca obtener el consenso social para llevar a juicio a los expresidentes? Este argumento no se sostiene. El mandatario tiene sobre sus hombros la legitimidad que le dieron los votos en 2018 y, además, su apoyo popular ronda el 60% de les mexicanes. Si fuera un Ejecutivo débil se entendería el llamado a esa reducción que llama pueblo, pero no es el caso. No necesita llamar al apoyo porque ya lo tiene.  Preguntar a la gente si quiere que los ladrones sean castigados es un ejercicio ocioso, ¿o acaso supone que las personas van a decir que no?

Pero supongamos que la consulta conlleva la idea presidencial de someter a los expresidentes a juicio por alguno o varios delitos. La verdad, no lo creo. El presidente ha hablado profusamente de la corrupción de los gobiernos anteriores y no ha pasado nada importante. Por ejemplo, acerca de la corrupción en el aeropuerto de Texcoco, en la compra de medicinas, en las concesiones mineras y un largo etcétera, ¿cuántos personajes están sometidos a proceso por esa corrupción? Ninguno. Luego de dos años y ocho meses no hay nadie en concreto siendo siquiera señalado.

Luego de tanta corrupción, hay pocos procesados: Lozoya, que permanece libre a pesar de las acusaciones graves que penden en su contra; Rosario Robles, encarcelada en concreto por una licencia que ella no solicitó; dos funcionarios medianos de Sedesol. Podríamos decir que ha habido mucho ruido y pocas nueces. ¿Acaso la consulta será un parteaguas y a partir de ahí se procesará a los expresidentes? Nuevamente, no lo creo, al menos no por los delitos que el propio mandatario les ha imputado: a Carlos Salinas por desincorporar empresas del Estado; a Ernesto Zedillo por el FOBAPROA; a Vicente Fox por defraudar la esperanza del cambio; a Felipe Calderón por iniciar una guerra contra el narco; y a Enrique Peña por corrupción.  Son “delitos” risibles o inventados. Nuestros exmandatarios fueron pillos probablemente, pero no tontos, las acciones las tomaron con el consenso del Congreso o de la mayoría de la clase política. Tal vez el único candidato para ser enjuiciado es Peña Nieto por corrupción. ¿Lo hará? En cuanto lo necesite, no ahora.

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de volver a la consulta todavía más irrelevante: "¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?". Es amplia, imprecisa y absurda. No hay límite de tiempo ni especificación de responsabilidad para empezar.

Pero, por el lado de los detractores de la consulta hay que decir que están reaccionando como si el pasado hubiera sido un modelo de transparencia y apego a las leyes. Si, la consulta es, como dice The Economist, un remedo de democracia, pero el pasado de impunidad, corrupción y abusos está vivo. ¿Qué hacemos con ello?  AMLO quiere usarlo en su provecho y buena parte de sus detractores prefieren que el pasado se sepulte, una especie de borrón y cuenta nueva.

La consulta del 1 de agosto llega en un mal momento. Los contagios han subido y de nuevo hay miedo al Covid-19, la gente no parece interesada y se advierte que el ejercicio es una maniobra del presidente. También es cierto que el INE prácticamente no la publicitó, pero hay una razón para ello: no se le autorizó un presupuesto para hacer la consulta. Si la votación en mínima, el presidente López y seguidores culparán al INE y a los medios. Pero, si hay más del 15% de votos de acuerdo con el padrón electoral, AMLO dirá que fue un éxito. 

Lo mejor era hacer una comisión independiente de la verdad, como se ha hecho en otros países y partir de ahí. Por mi parte, no participaré en una consulta que no servirá a las víctimas ni a México.