No subsiste el estado por las leyes, sino por el poder legislativo. 

Juan-Jacobo Rousseau

Decíamos en nuestra anterior colaboración que un reto es una provocación o un desafío que puede tratarse de una amenaza o una intimidación y una prioridad es algo que se considera más importante para su atención. 

La experiencia universal demuestra que la atención a los retos no siempre coincide con la definición de prioridades, a pesar de que lo más conveniente sea darle prioridad a la atención de los retos.

En esta oportunidad nos centraremos en algunos de los retos y prioridades del Legislativo.

Se ha vuelto frecuente la falta de atención oportuna del Legislativo a instrucciones del Constituyente Permanente, plasmadas en artículos transitorios de algunas reformas constitucionales para legislar una materia específica; lo mismo ocurre con diversas sentencias del Poder Judicial que ordenan la definición legislativa sobre determinados temas. Esto significa que esas instrucciones no han merecido una atención prioritaria por el Congreso de la Unión, aunque se trata de retos legislativos.

Un ejemplo es la todavía pendiente expedición de una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que, cuando se expida y entre en vigor, ha de contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz. 

Desde febrero de 2017 el Congreso de la Unión está expresamente facultado para expedir la referida ley general y el segundo transitorio del decreto correspondiente ordenó que se expidiera antes del 5 de agosto de ese año. Hoy, cuatro años después, todavía no existe esa disposición. 

En diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, misma que fue aprobada con algunas modificaciones en abril de 2018. En ese mismo mes se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la minuta y el proyecto de decreto, donde duerme el sueño de los justos. Esa iniciativa y la versión aprobada por los diputados, hubiera significado un avance en algunos aspectos y un retroceso en otros, principalmente por dejar fuera de su ámbito la mediación en materia mercantil.

En julio de 2020 un grupo de Senadores de la República presentaron una nueva iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, totalmente distinta a la que ya aprobó la Cámara de Diputados en 2018.

La iniciativa de los Senadores propició inquietud de profesionales y expertos en el tema de la mediación, que se tradujo en foros de discusión y análisis, en los que se discutieron sus posibles alcances; se intercambiaron observaciones y se prepararon propuestas de modificación. En algunos, también participaron Senadores de la República y Juzgadores, quienes coincidieron en que la iniciativa fuera replanteada, prácticamente en su totalidad. 

Su expedición en los términos en los que fue redactada y presentada representaría un grave retroceso en materia de mecanismos pacíficos de solución de controversias pues significaría tirar por la borda los avances logrados a lo largo de casi veinticinco años en la materia, por los poderes judiciales locales, entre otros defectos.

Además de las dos iniciativas mencionadas se han presentado otras dos, que no tuvieron eco.

Una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias debe ser un marco de referencia para la adecuada adopción y aplicación de la justicia alternativa. Ha de significar un avance a nivel nacional y no un retroceso, debe contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz. 

Para ello, debe ser garantista, sistemática y contribuir a la concientización de las personas sobre la conveniencia de aprovechar la mediación en la gestión, prevención y resolución de sus controversias o conflictos, no solamente los de carácter legal, también los de carácter social.

En torno a la recién aprobada Ley de Revocación de Mandato, a pesar de ser una prioridad para el Presidente, el Legislativo retrasó su expedición más de un año, ya que para dar cabal cumplimiento al decreto por el que se reformó el artículo 35 de la Constitución, la referida Ley debió haber sido expedida en junio de 2020. 

Es de destacar lo previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto mencionado que establece la forma en la que podrá aplicarse la Ley que se comenta en perjuicio del Presidente electo para el periodo 2018-2024. En efecto, su eventual aplicación violaría la garantía individual del Presidente López Obrador, consagrada en el artículo 14 de la Constitución y que establece que A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Otro caso es el que se refiere a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis respecto de la cual existen avances en ambas cámaras del Legislativo; sin embargo, su trámite continúa detenido. Su proceso se ha aplazado al menos en cuatro ocasiones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una nueva prórroga que terminó el pasado mes de abril, sin que a la fecha se haya expedido la referida Ley.

Otro reto de la mayor trascendencia es que los integrantes de la LXV Legislatura actúen con toda la importancia que significa formar parte del Poder Legislativo -que no está subordinado al Ejecutivo,- y que su trabajo, que requiere de la mayor responsabilidad, se traduzca en proteger la división de poderes y a los órganos autónomos, así como en la aprobación de leyes y decretos fundados, bien estudiados, apegados a las técnicas legislativas, todo ello en un marco de conciliación de posiciones para forjar la racionalidad jurídica que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y por tanto a la restauración de la cordialidad y del tejido social.

*El autor es abogado y mediador profesional.

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Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada

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