En plena crisis por desabasto de oncológicos y enmedio de una austeridad absoluta donde el Gobierno dice aspirar a que haya medicamentos gratuitos para todos, sucede algo inaudito en la Suprema Corte: Le concede a Bayer una extensión de patente que lo que causará es exactamente lo contrario. Con ello permitirá por 3 años adicionales mantener elevado el precio de un medicamento para cáncer de hígado y cáncer de riñón que cuesta 70,000 pesos la caja, y con ello aniquila la opción de hacerlo accesible a los pacientes.

Se trata del oncológico sorafenib desarrollado por el corporativo alemán y cuya patente venció el 12 de enero del 2020. Es decir, ese medicamento ya no tenía protección de patente porque había vencido hace 9 meses. Pero gracias a la  inentendible e inconcebible decisión de los ministros, ahora Bayer podrá mantener el monopolio de su biotecnológico hasta el 12 de enero del 2023; y el inaccesible precio.

El argumento que dio el abogado de Bayer para conseguirlo es que hubo retraso en el otorgamiento de parte del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) que dirige Juan Lozano, y a pesar de que el organismo dio sus argumentos, la Corte no permitió dilucidar si era atribuible al IMPI o a Bayer como solicitante. Y es que lo extraño -o donde se nota la manipulación- es que la solicitud de extensión de patente Bayer la presenta justo un año antes de que venza la misma, no antes, lo que refleja planificación legal dolosa y con ello evidentemente agarra por sorpresa a las empresas que ya estaban invirtiendo en la preparación del fármaco biocomparable.

El daño se extiende a otros sectores

Lo terrible de esta decisión -que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo- va mucho más allá del medicamento mencionado, y más allá del sector farmacéutico. La abogada especialista en propiedad intelectual Heidi Lindner, nos hace ver el riesgo de que a partir de esto se detonen cientos de litigios que querrán utilizar esa interpretación de la Corte para conseguir extensiones de sus patentes sin justificar qué tipo de retraso fue ni a quién atribuirlo.

Aquí el punto es que no sólo se beneficiará Bayer que cuenta en su haber con no menos de 2,000 patentes en México -y puede replicar la argucia con todas las que no hayan expirado-, sino que cualquier titular de patente en México querrá recurrir al recurso retomando ese precedente dejado por la Corte. Lo que hicieron los ministros con su decisión el pasado 14 de octubre fue abrirle el beneficio a todas las patentes concedidas al amparo de la ley de propiedad industrial vinculada al TLCAN, misma que está por ser sustituida por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entrará en vigor el próximo 5 de noviembre.

Otro punto que hace más inconcebible todo este caso, es que la Corte recibió otras opiniones para tener el conocimiento del daño que significaba su decisión. La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) presentó dos escritos amicus curiae -amigos de la corte en latín- explicando a detalle las terribles implicaciones para el país, pero la ministra que llevó el caso Jazmín Esquivel Mossa prefirió ignorarlos. Aquí es claro porqué si hay casos en los que conviene que haya terceros interesados para que sea considerada su opinión; no se trata de que los sienten en la sentencia pero sí puede tener valor la opinión de alguien con conocimiento sobre el asunto que evidencie posibles posiciones sesgadas.

Incentivos perversos contra los genéricos

Otro punto delicado del asunto es que se daña la competencia en muchas formas porque cualquier interesado en sacar una versión genérica del producto que está por perder la patente, pierde certeza sobre ello porque el dueño de la patente -como le hizo Bayer- puede recurrir apenas unos meses antes del vencimiento a esa opción para conseguir una extensión y jugar con la ley para impedir la entrada al mercado de nuevos competidores.

Morena insiste en tomar recursos de salud para otros fines

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados -que no había sesionado desde que inició la pandemia- fue convocada de emergencia para discutir un cambio urgente a la Ley General de Salud. El objetivo del partido gobernante es apropiarse de 73,000 millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos -ahora llamado de Salud para el Bienestar-, pero como no son transparentes ni explican con claridad hacia dónde quieren destinar tanto dinero, la oposición no se los ha permitido. Hay que estar pendientes hoy, pero ojalá el Legislativo siga defendiendo esos recursos que fueron depositados en fideicomiso para terapias de pacientes con enfermedades graves.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.