Incertidumbre

Concluyó una transición desafortunada. El descrédito del gobierno de Enrique Peña pagó con un voto de castigo la factura de la impunidad que caracterizó a su administración. Andrés Manuel López Obrador leyó mejor que nadie el diagnóstico del fastidio colectivo y, tras dos décadas en campaña, capitalizó el malestar que puede llevar a su antiguo partido —al PRI— a convertirse en una referencia en los libros de historia.

El precio del sufragio de julio pasado puede resultar: sin embargo, más amargo que la desazón que lo alimentó. Amnistías y perdones dejarán las cuentas del pasado sin saldar. Pero no será la corrupción el único tema de las postrimerías de la tercera transformación que permanecerá intocado, también lo será la estrategia de seguridad que tanto criticó AMLO y que ahora refuerza, al dejar la nueva policía nacional a cargo de mandos militares.

AMLO no acaba por controlar a un Congreso morenista plagado de ocurrencias (y ocurrentes) que hasta en tres ocasiones ha debilitado ya la calificación de riesgo crediticio, elevado las tasas de interés, deslizado al peso frente al dólar, disminuido el grado de inversión, y golpeado a la bolsa de valores (la pura cancelación del NAIM tendrá un costo cercano a un punto del PIB). La afectación en los bolsillos de sus votantes ya tuvo efecto, aunque ellos no lo sepan o no lo admitan.

Su desarticulado gabinete ha sido errático. Las declaraciones y acciones de los titulares de las carteras de Comunicaciones, Gobernación, Hacienda, Economía y Medio Ambiente resultan descoordinadas y contradictorias con lo declarado por AMLO, por los líderes parlamentarios de Morena y con el sentido común.

Tanto en los proyectos cancelados, como en los anunciados, se aprecia un claro desdén por el cumplimiento de las leyes y de los contratos. Basar estas decisiones de gobierno en consultas que quedan muy por debajo de los estándares requeridos por la Constitución implica una violación al derecho ciudadano a este ejercicio de democracia participativa.

El alejamiento de la legalidad y de la certeza jurídica constituye la principal causa por la que la inversión existente y futura buscará territorios más seguros. Preocupa particularmente que, ante los cuestionamientos sobre el distanciamiento de las normas, el presidente López Obrador haya repetido hace unos días que él no aspira a ser un dictador, aclaración no pedida que inyecta mayor inseguridad.

AMLO y su equipo deben dejar de ver a los inversionistas nacionales y extranjeros, a las empresas y a los contribuyentes como sus adversarios y aliarlos a un proyecto que privilegie el cumplimiento de la ley en los hechos, en los tribunales, en los contratos y no en los discursos. El presidente López Obrador no debe gobernar como un eterno opositor.

Si no se dan las señales correctas pronto y si no se conforma un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2019 responsable y equilibrado, los malos resultados se cosecharán muy pronto. No bastan un claro respaldo del voto y un alto índice de aceptación y popularidad. Se requiere certidumbre. De lo contrario, el pueblo sabio estará festejando la caída del Imperio Romano, sin darse cuenta que les espera la Edad Media.