Hasta finales de año el gobierno seguía paralizado y estático. Lo sacó de ese ensimismamiento el anuncio de siete medidas en apoyo de la economía familiar. En lo político, claramente el gobierno intenta recuperar la iniciativa en la definición y ejecución de la agenda nacional. En lo económico, se trata -una vez más- de restaurar la confianza de los agentes económicos que sirva de fundamento para una eventual aceleración del crecimiento, meta que se ha vuelto elusiva para la administración de Peña Nieto. ¿Se conseguirán ambos objetivos? Mientras tanto, como telón de fondo en ese panorama aparecen, aparentemente sin conexión, la consignación penal de la esposa del ex presidente municipal de Iguala, Abarca, y el encarcelamiento del perredista que aspiraba a la candidatura al gobierno de San Luis Potosí.

De las siete medidas anunciadas, únicamente las dos primeras tendrán verdaderamente un efecto masivo sobre el bienestar familiar. La razón es clara: prácticamente la totalidad de las familias mexicanas consumen electricidad. En el mismo sentido, también todas las personas tienen que transportarse y lo mismo ocurre para la totalidad de los bienes que se consumen en el país.

El resto de esas medidas tendrá un efecto por segmentos, en la medida que las personas involucradas pertenezcan a grupos específicos que se quieran beneficiar: quienes utilizan el servicio telefónico de larga distancia son pequeños emprendedores requeridos de financiamiento promocional, carecen de vivienda y necesitan de ella o se dedican a las actividades agropecuarias en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En lo específico, regalar 10 millones de televisiones digitales despide un desagradable tufo a demagogia populista, ¡como si López Obrador hubiera aceptado asesorar a Peña Nieto!

Sin embargo, poco o nada se ha hablado del lado oscuro de ese paquete de medidas: el peso presupuestal que tendrá sobre las finanzas públicas. Las medidas anunciadas de apoyo a la economía familiar ejercerán impacto tanto por el lado de menores ingresos fiscales como en la forma de mayores desembolsos. ¡Nadie va a regalar al gobierno los 10 millones de televisiones que se piensan distribuir gratuitamente! Y lo mismo vale para el resto de los apoyos anunciados. Ocurre entonces hacer una pregunta que no resulta ociosa: ¿cómo se piensa cubrir el agujero fiscal así abierto? O para ser más exactos, planteando el interrogante de otra manera: ¿quiénes pagarán la cuenta que se ha formado con esas medidas? Sería estupendo poder saberlo.

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