Las contradicciones entre realidad y discurso oficial se amplían día con día. A principios de enero, en la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (nótese la falta de lenguaje incluyente), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que México adoptará una “política exterior feminista”, con base en la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género con enfoque interseccional. Este anuncio sería elogiable si la política interior concordara con estos principios y si no hubiera razones de peso para preguntarse qué entiende la SRE por “feminista”, adjetivo que se asocia con una lucha secular por la igualdad sustantiva.

En el pasado la política exterior mexicana cumplió con requisitos mínimos que sitúan a México dentro del conjunto de países progresistas de Naciones Unidas o en el marco jurídico internacional. Por costumbre, y en algunos casos gracias a la participación de ONGs y alianzas feministas, México ha firmado todas las convenciones internacionales que buscan impulsar la igualdad o garantizar una vida libre de violencia para mujeres y niñas. Entre otros, la Convención de la CEDAW (1979), la Plataforma de Beijing (1995) y la convención interamericana conocida como Belem do Pará (1994).

Sin embargo, el lema subyacente es “obedézcase pero no se cumpla”. Así, ante cada informe periódico, el comité de la CEDAW ha hecho múltiples recomendaciones al Estado mexicano, por falta de cumplimiento, en particular en cuanto a violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias condenatorias de la actuación del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, tales como el caso de Campo Algodonero (feminicidio) en el 2009, el de Inés Fernández y Valentina Rosendo (violación por militares) en el 2011, Atenco (tortura sexual por parte de policías) en el 2018. La mayor parte de las recomendaciones derivadas de estas sentencias no se ha cumplido, de modo que la Corte o la CEDAW parecen predicar en el desierto.

Habrá quien argumente que estos casos “son del pasado” y que México sí va a cumplir con sus compromisos internacionales. El problema es que hoy no existe una política de igualdad sustantiva ni una política de seguridad que garantice la libertad, dignidad y seguridad de mujeres y niñas que viven o transitan por el país. Ante instancias internacionales México ha presumido la aprobación de leyes y hoy puede añadir la paridad en el Ejecutivo y el Congreso, pero las leyes que no se cumplen no sirven más que para seguir reclamando justicia y la paridad actual no nos ha garantizado una política social igualitaria ni una mejor administración de justicia. Al contrario: los apoyos a guarderías y refugios se han reducido o eliminado, el Progresa-Oportunidades, que beneficiaba a mujeres pobres, desapareció sin remplazarlo con nada, el tema de la despenalización del aborto se esquiva. La violencia contra niñas y mujeres no cesa: 10 feminicidios al día, desapariciones, trata con fines de explotación sexual, violación y acoso... que quedan impunes.

Por otra parte, la SRE no aplica en su interior los principios que pretende empezar a defender en foros internacionales. En estos días se han difundido denuncias por acoso contra el director del IME, y este problema no es nuevo: se ha dado acoso laboral y sexual en representaciones en el exterior contra empleadas locales; en la cancillería ha habido funcionarias “congeladas”, acosadas o maltratadas por superiores, con efectos nefastos para su carrera y su salud.

Francia, Noruega y Canadá, en que la SRE pretende inspirarse, se han preocupado por garantizar la igualdad dentro de sus fronteras. Si bien ahí subsisten disparidades y violencias, su política interior no contradice su política exterior favorable a los derechos de las mujeres. Sin congruencia entre los “principios” de la SRE y la realidad de mexicanas y migrantes en el país, hablar de política exterior “feminista” es una impostura.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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