Expectativas y crisis

Las expectativas racionales, es una teoría económica cuya difusión y desarrollo por Robert Lucas y Thomas Sargent, fueron importantes para explicar por qué las políticas monetarias y fiscales de inspiración keynesianas en los años 60, resultaron ser relativamente ineficaces para resolver los problemas macroeconómicos de Estados Unidos y de muchos países.

En dichos años se aplicó una política fiscal expansiva en muchos países y en otros, una política tendiente a aumentar la masa monetaria, diseñada para reducir el desempleo; lo que fue percibida por los agentes económicos como una estrategia conducente a aumentar los precios de los bienes y servicios. En consecuencia, los gastos del sector privado sufrieron una aceleración inmediata, que resultó en una inflación elevada que neutralizó parcial o totalmente cualquier intento de variación en las variables de producción y empleo, dando origen al fenómeno de estanflación (inflación con recesión).

La teoría de las expectativas racionales supone que los actores económicos aprenden de sus propios errores y forman expectativas en función de toda la información disponible, por lo que no pueden ser engañados en forma continua; ajustan su conducta no sólo a los datos de la realidad presente, sino también a las expectativas de evolución que pueden inferirse a partir de ella. De ese modo se estima el comportamiento a futuro de diversas variables macroeconómicas de importancia. El hecho de que los actores económicos procedan de esta manera, resta poder de maniobra a las políticas de los gobiernos, pues los efectos de las mismas son anticipados y contrarrestados por quienes intervienen en el proceso económico; por lo que la política económica debe generar expectativas que, en vez de generar mayores presiones inflacionarias o deflacionarias, induzcan a la estabilidad.

En función a ello es relevante que el papel del gobierno se sustente en generar confianza y estabilidad, con una actuación coordinada de las autoridades monetarias.

En la actualidad es conveniente que el gobierno cumpla con llevar a cabo las inversiones públicas lo más rápido posible, en especial lo referente a la infraestructura, vivienda, para generar empleos y elevar la productividad del país. Y la elevación del gasto, debe ir acompañado de un programa de comunicación social.

La clase política (legisladores) deben tomar acciones inmediatas, que lleven a cabo políticas de largo plazo, que permita generar mayor competencia y competitividad al país; por lo que la inversión en capital humano, en salud y educación se torna relevante en el actual contexto.

Es importante señalar que en esta etapa de crisis económica, la solución es política, es decir, debemos combinar acciones que permitan el desarrollo del mercado y fortalecer la capacidad regulatoria del Estado; eliminando el comportamiento monopólico de muchas empresas que aprovechando su condición de empresas dominantes o coludiéndose, elevan los precios, obteniendo rentas monopólicas en perjuicio del consumidor y de la productividad; asimismo, la regulación adecuada permite crear el entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios pasando esos beneficios a los consumidores.

De ahí, la importancia del fortalecimiento de los órganos de regulación, eliminado posiciones dominantes y de privilegios. Debemos de aprovechar esta crisis, para fomentar la productividad y generar una economía en la que los trabajadores puedan ganar más.

Por último, en esta época difícil, los políticos deben dedicar el máximo tiempo posible para ejecutar las acciones que permita reducir las redes de privilegios, en todos los niveles, contribuyendo a dar una imagen de unidad nacional, para que México remonte lo más rápido posible esta crisis.

*José Carlos González Núñez es profesor de Economía en la Universidad Anáhuac México Sur. Su correo electrónico es josecarlos.gonzalez@anahuac.mx