Evita SCT pagar $3,000 millones a Unefon

Marco A. Mares

La noticia es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Juan Molinar Horcasitas, derrotó en tribunales a Unefon, de Ricardo Salinas Pliego y evitó el pago de 3,057 millones de pesos que le exigía la operadora telefónica.

Ayer la dependencia del gobierno mexicano recibió la notificación en la que se declara infundada la pretensión del pago que reclamaba Unefon.

La única obligación de pago remanente para la SCT son 46 millones de pesos que ofreció la dependencia desde el principio, a cambio del finiquito. En su momento, Unefon lo rechazó y se fue a pleito legal.

Pero ayer la telefónica se topó con pared cuando la sexta sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió su resolución en favor de la SCT y específicamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos que encabeza hoy Gerardo Sánchez Henkel.

Aunque Unefon todavía puede promover un amparo, en realidad la resolución del Tribunal Federal es el punto final al reclamo.

El amparo permitiría sólo la revisión de cuestiones de legalidad, sobre si la sentencia está bien o mal fundada, pero ya no permitiría analizar cuestiones de fondo sobre la procedencia del pago.

Es una sentencia de 80 páginas y según los expertos, está bien fundada e implica un punto final para este tema.

Hay que recordar que Unefon reclamaba los 3,057 millones de pesos porque desde su punto de vista no procedían los intereses por 595 millones de pesos que le cobró la SCT por no pagar a tiempo las frecuencias que le fueron adjudicadas para operar lo que hoy es Unefon.

La sentencia sostiene que tales prórrogas fueron autorizadas por acuerdo entre el participante ganador (Unefon) y la autoridad concesionante (SCT). Es decir, fue un acuerdo entre pares.

Cuando se autorizaron las prórrogas fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la que las concedió con autorización de las secretarías de Hacienda y de la SCT. Se acordó una primera prórroga de 180 días con el pago de intereses a tasa Tiie más 8.

Unefon pagó intereses por 596 millones, pero al final de la administración foxista -el 28 de noviembre del 2006-, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Pedro Cerisola y con Jorge Álvarez Hoth decidieron regresarle tal cantidad, aunque al final les faltó un remanente por 46 millones de pesos.

Al iniciar la nueva administración en la SCT no se reconoció la validez de esa devolución, pero finalmente ofreció a la empresa el pago del remanente a cambio del finiquito. Unefon no lo aceptó y el resto es la historia que ayer concluyó.

La sentencia dicta que la devolución de los intereses a Unefon fue indebida.

Aseguran fuentes cercanas al proceso que con esta resolución, la Secretaría de la Función Pública que encabeza Salvador Vega y la Auditoría Superior de la Federación, de Arturo González de Aragón, podrán continuar con la investigación sobre Pedro Cerisola y Álvarez Hoth para determinar responsabilidades.

Bebidas alcohólicas, impuestos y mercado ilegal

Los altos impuestos a las bebidas alcohólicas en México es el principal incentivo para el crecimiento exponencial del mercado ilegal.

Actualmente se estima que casi la mitad de las bebidas con alcohol que se comercializan en el país provienen de la ilegalidad. La cifra en sí misma es espantosa.

Los altos impuestos han hecho que el consumo migre de la legalidad a la ilegalidad y ha provocado una caída vertical en la venta de la industria de vinos y licores, al pasar de 30 millones de cajas en 1994, a 18 millones de cajas en el mercado formal.

Aunque se estima que, por el consumo en el mercado informal, el nivel de ventas en general sigue siendo de 30 millones de cajas.

La carga fiscal que se aplica en México a las bebidas destiladas a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es alta, tanto en comparación con países de América Latina como con otros países similares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una vez que se ajusta por las diferencias en los estándares del nivel de vida.

En México se aplica un IEPS de 50% más el IVA piramidado, con lo que en conjunto se paga 72.5% de impuestos por destilado.

Estudios recientes de Oxford Economics y de la Universidad de Tufsts sostienen que la manera más efectiva para contrarrestar el crecimiento del mercado ilegal en México sería a través de la disminución del incentivo económico a esta actividad ilegal.

Actualmente, la empresa Diageo, principal distribuidora de marcas como Johnnie Walker y JB a nivel mundial, está interesada en difundir más ampliamente este tema.

De acuerdo con el vocero de Diageo, Fernando González, si Hacienda accediera a bajar de 50 a 30% el IEPS a las bebidas destiladas, recaudaría 1,000 millones de pesos más en el primer año.

Cuentos veras

Kansas City Southern México (KCSM), que preside José Zozaya, presentó cifras relevantes ante la Comisión Antimonopolios para demostrar el daño económico que le está provocando la ilegal fusión de Ferromex y Ferrosur.

De acuerdo con algunos de esos datos, el tráfico de KCSM desde y hacia Veracruz ha decrecido sustancialmente en los últimos tres años en todas sus unidades de negocios. La Comisión Federal de Competencia (CFC) de Eduardo Pérez Motta ya estudia la información.

Cemex, de Lorenzo Zambrano, inició el largo y sinuoso camino de la renegociación de su deuda por poco más de 14,000 millones de dólares, ante la falta de confianza y liquidez en los mercados.

Aunque entre los inversionistas hay inquietud y nerviosismo, en Cemex aseguran que no hay problema. Al tiempo.

marcomares@eleconomista.com.mx