Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de julio de 2019 el gobierno de la Cuarta Transformación se reunió en cinco ocasiones con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ambas autoridades tuvieron sesiones de acercamiento, de la situación del sector, la conectividad en el país e incluso el emplazamiento a huelga del sindicato de Telmex.

Estas cinco reuniones están mencionadas en el Primer Informe de Gobierno, pasaron desapercibidas y no detallan los temas. Fue necesaria una solicitud de información para que el IFT y la Oficina de la Presidencia de la República aportaran algunos detalles muy escuetos.

Lo primero que hay que decir es que, según la respuesta de la Unidad de Transparencia del IFT, no existe obligación legal -en reuniones entre el gobierno federal y el IFT- de tener actas de las reuniones, versiones estenográficas, lista de asistencia y temas que se trataron en cada una de las reuniones.

La legislación sólo regula el contacto de los comisionados del IFT con los agentes económicos regulados. Cuando se aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la legislación secundaria, el Congreso creyó que el único conflicto de interés que podía surgir era entre las empresas reguladas y los integrantes del Pleno del IFT. Se pensó que la autonomía del regulador sólo podía verse comprometida ante los operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión, y no por el gobierno en turno, el Poder Legislativo o incluso el Judicial, como después ocurrió.

El artículo 31 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que son faltas graves y causales de remoción de los comisionados, “tener contacto con las personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados para tratar asuntos de su competencia”. El Estatuto Orgánico del IFT detalla que los servidores públicos podrán tratar asuntos de su competencia “mediante entrevista en las instalaciones del IFT y con al menos la presencia de otro servidor público del Instituto”, así como “en reuniones de comités o grupos de trabajo previamente acordados”.

Esta es la razón por la cual, según la Unidad de Transparencia del IFT, “no existe obligación legal” de entregar actas, versiones estenográficas, lista de asistentes y temas que se trataron en cada una de las reuniones con funcionarios del gobierno federal, como si la transparencia no fuera una obligación legal por sí misma de los sujetos obligados.

No obstante la opacidad, sabemos que la primera reunión entre la 4T y el IFT ocurrió el 7 de enero de 2019. Por el gobierno participó Zoé Robledo, entonces Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Los temas que se abordaron fueron acercamiento institucional, relación del gobierno con el IFT y situación general del sector. Como Senador de la República, Robledo fue un activo legislador en temas de telecomunicaciones y ahora es el director del IMSS.

El segundo encuentro ocurrió una semana después, el 15 de enero de 2019. En esta reunión participaron, por la 4T, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y nuevamente Zoé Robledo. El asunto fue la coordinación institucional con el gobierno federal.

Dos meses más tarde volvieron a reunirse funcionarios del IFT (la respuesta de la Unidad de Transparencia del IFT nunca menciona quiénes del regulador acudieron a las reuniones pero suponemos que fueron los siete comisionados) con autoridades del gobierno federal. En esta tercera comparecencia el 12 de marzo participaron Olga Sánchez Cordero, Zoé Robledo, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y el Coordinador de Asesores de Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. El tema fue la posible problemática derivada del emplazamiento a huelga en Telmex por la separación funcional de esa empresa de redes fijas.

En esta tercera reunión el conflicto con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana alcanzó la mayor atención de las autoridades federales, con un representante directo de la Presidencia de la República. En cada reunión fue escalando la jerarquía de los funcionarios que se entrevistaron con el IFT.

Así llegamos a la cuarta reunión, en la cual participó directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y ocurrió el 8 de mayo de 2019. La respuesta de la Unidad de Transparencia del IFT no menciona a ningún otro funcionario de la 4T acompañando al Presidente con los comisionados del IFT, lo cual es poco creíble. El tema fue presentación institucional y estado general del sector.

Finalmente, la quinta y última reunión, en el periodo documentado en el Primer Informe de Gobierno, acaeció el 11 de junio de 2019; también fue con el presidente López Obrador, “exclusivamente”. Se abordó el tema de la conectividad en el país y la penetración de servicios en la población.

La Unidad de Transparencia del IFT aclara en su respuesta que “dichos encuentros se verificaron (…) con motivo de la presentación e intercambio de ideas de los servidores públicos del gobierno federal a razón de la renovación del Poder Ejecutivo Federal; ello, en el marco de la definición y establecimiento por parte de éste de las directrices que habrían de regir su vínculo con el IFT en el marco general de sus atribuciones constitucionales y legales”.

En estas cinco reuniones hay varios ausentes: Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el entonces Coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, Raymundo Artís. Por el momento, no sabemos si estuvieron ausentes de las sesiones o no los menciona la respuesta de la Unidad de Transparencia del IFT.

Lo que sí se pudo documentar es que los comisionados del IFT se reunieron con las principales autoridades políticas del país: de Gobernación, del Trabajo y el Presidente de la República, por si alguien dudaba de lo politizado que está el sector.

Apostilla. El día de hoy la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) realizará su Asamblea General de Socios que nombrará a un nuevo Presidente y Consejo Directivo. Estén preparados porque viene una renovada defensa de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente