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¿En qué siglo vivimos?
Cuando se leen declaraciones que minimizan la pederastia clerical o plantean que el aborto es peor que la violación, se pregunta una si vivimos en el siglo XXI, todavía la era por la defensa de los derechos humanos, o a fines del XIX, cuando el papa Pío IX condenó el aborto como crimen, al eliminar la distinción entre feto animado e inanimado que no condenaba de manera absoluta la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación.
Como plantea Patricia Galeana en el recorrido histórico con que inicia el libro Por la descriminalización de las mujeres en México (2018), las posiciones de la Iglesia católica acerca del carácter de “persona” del embrión-feto han variado a lo largo de los siglos, desde el concepto de San Agustín y otros, según el cual el embrión no recibía un alma sino una vez formado el cuerpo (y el aborto no era punible), hasta la anulación de esta distinción, que equipara embrión y ser humano vivo. Esta modificación, de 1869, corresponde al mismo papa que otorgó “infalibilidad” a los jefes de la Iglesia católica y que, en 1854, había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción.
Lejos de ser meras nociones religiosas, estas determinaciones fueron y siguen orientando los intentos conservadores por controlar el cuerpo de las mujeres en toda circunstancia, y supeditar su vida a la reproducción. Si estos dogmas, carentes de bases científicas, rigieran sólo las normas de vida de esta iglesia y no afectaran la vida de millones y millones de mujeres, formarían parte sólo de las peculiaridades de una iglesia en particular. El problema es que en América Latina siguen haciendo estragos, no a través de bulas papales sino mediante gobiernos y grupos de presión que pretenden imponer creencias personales a toda la sociedad.
En México, pese a la separación de la Iglesia y del Estado desde ese mismo siglo XIX, y a la reafirmación del carácter laico de la República en el 2012, la influencia del alto clero, conservador, ha incidido en leyes que restringen el derecho al aborto legal y seguro, cuyas consecuencias se miden en muertes y daños a la salud de miles de mujeres pobres y en cientos de mujeres encarceladas y condenadas “por homicidio agravado en razón de parentesco” a raíz de las reformas constitucionales que hoy protegen “la vida desde la concepción” en 18 estados. Desde el 2016, además, se han manifestado con mayor fuerza grupos, católicos y cristianos, que, en nombre de “la vida” condenan el aborto hasta en caso de violación, se oponen al uso de anticonceptivos y a la educación sexual en las escuelas.
Los defensores de “la familia” (heterosexual y jerárquica) no se han manifestado aún masivamente contra los abusos de los curas pederastas que, en México y en el mundo, han dañado a miles de niños y niñas. En contraste, cuando salieron a la luz denuncias contra el cura Maciel, hubo quienes negaron el sufrimiento de sus víctimas, y hace unos días el cardenal Obeso descalificó a quienes denuncian la pederastia clerical.
En este contexto, las declaraciones de Olga Sánchez Cordero acerca de la “injusticia social” que se ha cometido contra las mujeres acusadas de haber abortado son un mensaje alentador para quienes han sido condenadas a 30 o 40 años de cárcel (incluso por abortos espontáneos), para las mujeres en general y para quienes han defendido el derecho a la maternidad libremente elegida, como condición básica para el real ejercicio de la igualdad. En el mismo sentido, al declarar constitucionales los artículos de la Constitución de la Ciudad de México que garantizan el derecho a una educación sexual y a servicios de salud con base laica y científica, la Suprema Corte de Justicia ha consolidado estos derechos en la capital y ratificado, implícitamente, la importancia de preservar la laicidad del Estado y de sus leyes.
El siguiente paso para dejar atrás el siglo XIX y pisar con firmeza en el XXI será despenalizar el aborto en todo el país, y construir un sistema de justicia que castigue la pederastia y la violación como los graves delitos que son y que hoy suelen quedar impunes.
