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El tren de la ausencia
El papel del gobierno ante un proyecto de esta naturaleza debería limitarse a garantizar las condiciones mínimas para hacer atractiva la inversión privada y las condiciones de seguridad para los usuarios.
No sé a usted, pero a mí siempre me han fascinado los trenes. Creo que no hay forma más cómoda ni más elegante de viajar. Los trenes suelen ser muy puntuales porque hacen el mismo trayecto a la misma velocidad a menos que se descompongan o se descarrilen. Los trenes pueden comunicar el centro de dos ciudades sin el estrés de los aeropuertos y son mucho más rápidos y cómodos que los coches y autobuses. En lo personal, me caería como anillo al dedo que hubiera un tren de alta velocidad del DF a Querétaro. Podría ir cualquier día a comer con mi familia que vive allá y regresar para la cena al DF. De hecho, cualquier persona podría vivir en Querétaro y trabajar en el DF, y viceversa.
Sin duda, un tren rápido entre dos ciudades como Querétaro y el DF podría facilitar negocios entre empresas de ambas ciudades y tener un impacto positivo en el desarrollo económico.
La controversia en torno al proyecto se ha centrado en cuestionar la transparencia del proceso de licitación.
Aunque parece haber claros indicios de que esas preocupaciones son legítimas, me parece que son de segundo orden.
Independientemente de quién pueda ganar la licitación, las claras ventajas que promete el proyecto no justifican en automático que se trate de un proyecto rentable ni justifican que se inviertan más de 3,000 millones de dólares del dinero público en su construcción.
Por el contrario, si en realidad existe una demanda insatisfecha para ese medio de transporte y si en realidad traería ganancias en eficiencia para empresas y personas que sean equiparables con la inversión requerida, entonces el proyecto debería ser suficientemente atractivo para la inversión privada.
Desde mi punto de vista, el papel del gobierno ante un proyecto de esta naturaleza debería limitarse a garantizar las condiciones mínimas para hacer atractiva la inversión privada y las condiciones de seguridad para los usuarios. Incluso si hay externalidades positivas para la sociedad, éstas no justifican que los contribuyentes asuman colectivamente el costo de una megainversión con beneficios privados con el riesgo adicional de acabar cubriendo a perpetuidad una operación deficitaria. Ante la magnitud de esos costos, lo que menos debería preocuparnos es si algún político se beneficiaría con la obra.
