El fenómeno del huachicoleo tiene diferentes dimensiones de análisis y una de ellas es la del impacto sobre el medio ambiente y la sustentabilidad. Además de pérdidas económicas millonarias y repercusiones en la población por el desabasto de gasolina, el robo de combustible genera también contaminación ambiental y un severo impacto en los suelos, como lo muestran los videos y reportajes que circulan en las redes sobre los que parecen verdaderos ríos de color azul cristalino, cuando en realidad son derrames de gasolina que brotan del suelo como fuentes de agua pura. Un verdadero ecocidio.

Desafortunadamente se trata de la enésima catástrofe ambiental, parecida a las provocadas por los derrames de empresas mineras y de otras sustancias químicas que envenenan el territorio nacional con alarmante regularidad. Los efectos ambientales de los derrames por accidentes en oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en este caso, derivados de las prácticas del huachicoleo, están bien identificados y estudiados. Por ejemplo, los derrames de combustible afectan al aire, dado que la combustión de estos hidrocarburos provoca un incremento en los gases de efecto invernadero, con un aumento de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y gases derivados del azufre, como óxidos de azufre, entre otros contaminantes que permanecen en el ambiente. También hemos visto que algunas empresas del sector privado no están exentas de estas prácticas villanas para el medio ambiente, con el agravante de que se consideran “socialmente responsables” y cuentan con el reconocimiento de los mercados financieros por sus “buenas prácticas” o con el sello de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial).

Los derrames de hidrocarburos también afectan las propiedades físicas de los suelos en los que ocurren, sobre todo en su capacidad para retener agua y en sus mecanismos para absorber nutrientes. Técnicamente, un derrame afecta en buena medida el pH del suelo y sus propiedades naturales, mismas que tardan decenas años en recuperarse. Asimismo, provoca numerosas reacciones biogeoquímicas que son importantes para el ecosistema y la producción de bienes agroalimentarios. Además de que, si existe un cultivo en la zona afectada, el derrame tendrá ciertamente un impacto sobre el crecimiento de las cosechas, causando daños irreparables en la calidad y cantidad de la producción agrícola.

Peor aún, la contaminación por los derrames también afecta al agua, los mantos acuíferos y en general los recursos hídricos, ya que los contaminantes pueden llegar a ríos, lagunas naturales y océanos. Como se puede ver en los diferentes videos que circulan en estos días, hay lugares donde las fugas de gasolina crearon verdaderos lagos o piscinas de combustible, provocando un catastrófico daño general en el entorno ambiental; sin contar el peligro de incendio al que están expuestas las personas por tener contacto con ella sin ninguna precaución.

En suma, se trata de un problema de seguridad ambiental y alimentaria, dado que pone en peligro la producción agrícola de vastas áreas cultivadas, además de generar un riesgo químico–físico de escala y magnitud incontrolada. En los últimos siete años, las tomas clandestinas para robo de hidrocarburo incrementaron casi 900%, de acuerdo con información oficial de Pemex, mientras que la Procuraduría Federal Ambiental (Profepa) mencionó en su informe del 2017 que durante ese año se recibieron 652 notificaciones sobre emergencias ambientales, de las cuales 258 fueron provocadas por derrames de hidrocarburos y otras sustancias químicas, la mayoría ligadas a Pemex. En cuanto a los daños ambientales y sus costos, éstos también son de gran magnitud, basta recordar que el derrame de petróleo en la plataforma Deepwater Horizon de British Petroleum, que acabó hundida en abril del 2010 en el golfo de México —tema resuelto el año pasado con un arreglo poco ventajoso para México—, causó unos 17,200 millones de dólares en daños a los recursos naturales de la zona.

En términos económicos y con base en el cálculo del Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente, el costo de los daños ambientales en el 2017 fue equivalente a 4.3% del Producto Interno Bruto nacional a precios del mercado. Dicho rubro, elaborado por el Inegi, se refiere a la suma de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, los cuales llegaron a un monto de 947,662 millones de pesos, calculándose que más de una tercera parte se atribuye a los derrames de químicos como petróleo y otras sustancias químicas derivadas de la producción minera.

Cabe finalmente preguntarse qué papel va a tener en esta crisis ambiental derivada del huachicoleo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), dado que desde hace algún tiempo la misma Profepa no cuenta con atribuciones para la atención de emergencias asociadas con hidrocarburos. Con base en lo anterior, todos los derrames que se vinculan al robo de combustible tienen que atenderse en un primer momento por la ASEA, quien con el apoyo de autoridades de los tres niveles de gobierno coordina las acciones de respuesta. Por sus atribuciones, la ASEA debería instruir a Pemex a llevar a cabo una serie de acciones entre las que destacan la limpieza y remediación respectiva en caso de presentarse afectaciones ambientales derivadas en los derrames. Sin duda el tema de la justicia ambiental añade urgencia en la respuesta a la emergencia y a la complejidad del huachicoleo.

El doctor Simone Lucatello es investigador del Instituto Mora-Conacyt y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC).