El problema de las pensiones

Aunque no somos un país rico tenemos problemas de país rico. México enfrenta un problema muy serio de pensiones. La vieja política de pensiones, los resultados de la reforma del 97 y la universalización de la pensión de adultos mayores podrían crear las condiciones para una tormenta perfecta tanto fiscal como política, quizá no mañana pero sí dentro de unos años.

El primer riesgo está en la parte fiscal con las pensiones que paga el gobierno. De acuerdo con el paquete económico presentado la semana pasada el gasto en pensiones para el 2023 será de 1.7 billones de pesos equivalente al 20% del presupuesto y el 5.4% del PIB.

Las pensiones de trabajadores que empezaron a cotizar antes de 1997 (IMSS, ISSSTE, FFAA, Pemex) ascenderán a 1.3 billones de pesos en 2023. Estas pensiones; conocidas como del pilar 1, de beneficio definido o de reparto, son de trabajadores que contribuyeron en su vida laboral a un fondo de retiro común, junto con el gobierno y sus empleadores, y al retirarse reciben una pensión igual a su último salario. Este gasto enorme que se espera siga creciendo de forma acelerada no es un problema creado por este gobierno.

Asimismo, las pensiones no contributivas -donde el gobierno asume todo el costo- se dispararon cuando este gobierno universalizó la pensión para adultos mayores (PBPAM). Lo que sin duda es una causa noble y justa -proveer de un ingreso a todos los adultos mayores de este país- pero solo agrava una situación de por sí ya grave. En 2023 el gasto ascenderá a 359 mil millones de pesos, el 1.1% del PIB y en 2024 se espera que alcancen el 2% del PIB para seguir creciendo.

Las pensiones públicas son un problema real para las finanzas públicas por decisiones de gobiernos anteriores, de este y por el magro o nulo crecimiento económico. Esta situación solo seguirá agravándose conforme se retiren más trabajadores del primer bloque y siga aumentando la PBPAM. En los próximos años, las pensiones representarán la mayoría del presupuesto limitando muchísimo el margen de maniobra de cualquier gobierno.

Por si fuera poco, las pensiones privadas no están mejor. La reforma del 97 que creó las afores tuvo virtudes como aumentar el ahorro interno para que parte importante de la deuda pública esté en manos nacionales, pero también creó problemas. En las pensiones de contribución definida el trabajador y el patrón contribuyen a una cuenta individual de donde se pagará la pensión del primero cuando se retire. Aquí el problema vendrá de la tasa de reemplazo que es porcentaje del último salario que recibe el trabajador como pensión. Aunque la reforma del 2020 ayudó, se estima que las tasas rondarán el 30% del último salario. Hasta ahora pocos trabajadores se han retirado bajo este régimen, pero entre 2025 y 2028 se espera que este número crezca sustancialmente lo que provocará descontento.

El próximo presidente tendrá un problema gigante en sus manos. Por un lado, las pensiones públicas se comerán gran parte de su presupuesto y quitar o reducir la PBPAM es inimaginable. Por el otro, tendrá un número importante de pensionados que recibirán menos de lo que esperan, lo que posiblemente derive en una crisis política como ha sucedido en otros países. Más allá de las reformas que pueden paliar el problema -como aumentar la edad de retiro- la única solución real es el crecimiento económico. Mientras sigamos estancados será imposible hacer frente a estas obligaciones. Ojalá las corcholatas pronto aborden esto en vez de hacer videos o tomarse fotos.