La semana pasada la Cámara de Diputados declaró el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca. Con base en el artículo 111 de la Constitución que establece el procedimiento que debe seguirse para señalar a diputados, senadores, ministros de la corte, consejeros y otros funcionarios más. En su párrafo 5°, dice los siguiente:

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.

Y la razón no es inexplicable. Los funcionarios federales, surgen del ejercicio que la ciudadanía realiza el día de votación para elegirlos (Presidente, Diputados Senadores y aquellos nombrados por el Senado o la Cámara de Diputados), pero los gobernadores surgen de la soberanía y el ejercicio de votación que la población de dicho estado realiza para elegir a su gobernador y a sus diputados locales.

Por ello habiéndose aceptado el juicio de procedencia por parte de la Cámara Federal, corresponde a la Cámara local evaluar los argumentos y declarar a su vez si procede desaforar al gobernador y someterlo a la justicia federal o del fuero común.

En este caso Cabeza de Vaca ha sido inculpado de la falta de pago de unos impuestos al haber adquirido un departamento en la Ciudad de México, por lo tanto el delito es federal. Si la Cámara de Tamaulipas hubiera aceptado sin más la validez del juicio de procedencia que realizó la Cámara Federal, no habría problema, pero he aquí, que no aceptó los argumentos, ni las razones por las cuales se desaforó al gobernador, por lo que estamos ante un problema constitucional.

La Cámara Federal, considera que hay razones para proceder penalmente contra el gobernador y la local, no. ¿Qué prevalece? En mi opinión hay dos argumentos que hacen prevalecer el dictado de la Cámara Local.

Existe un principio general en nuestra constitución que dice, que lo no concedido expresamente en la constitución, será materia de los Estados. Por lo tanto, como en la constitución en el artículo 111 no se le concede a la federación hacer valido el juicio de procedencia, sin la intervención de la Cámara local, pues ni modo, habrá que aceptar que no procede el juicio contra el gobernador panista cuyo juicio quiere iniciar la federación. Aunque para mi el argumento de mayor peso es aquel que hace descansar la soberanía en la que el propio Estado de Tamaulipas tiene por virtud de la propia constitución federal y la local.

Lo que asombra, es que sabiendo esto la mayoría morenista haya a toda prisa iniciado y concluido el juicio de procedencia contra el gobernador panista y haya dejado para el siguiente periodo, el juicio a uno de sus diputados contra el que existen solidas pruebas de la probable comisión del delito de violación y de abuso sexual a por lo menos tres jóvenes menores de edad.

Seguramente estando en tiempos electorales, los morenistas habrán hecho el calculo de que era preferible irse contra el panista, más que deslindarse de otro violador que está entre sus filas, pero éste de niños. Nada menos, pero nada más tampoco.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

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