Desde que inició el gobierno actual dejó muy en claro su reticencia a cubrir el tercer nivel de atención y las enfermedades de alto costo.

Desde la reforma a la Ley General de Salud en 2019 que desapareció al Seguro Popular para dar vida al Insabi -el cual no ha podido caminar bien ni ser funcional-, se borraron los caminos bajo los cuales se deba certeza jurídica para atender a pacientes con dichas enfermedades. Estas son correctamente llamadas padecimientos de gastos catastróficos porque, si no son cubiertos por el Estado, para las familias representan verdaderas catástrofes que les orillan una movilidad social descendente, es decir de empobrecimiento.

El actual gobierno prometió al inicio aumentar la cobertura de 66 a 99 enfermedades, es decir agregar 33, pero no explicó cómo y el único camino que había para lograrlo hoy propone desaparecerlo.

El que era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tenía reglas claramente establecidas donde las instituciones médicas acreditadas recibían recursos para atender esas enfermedades. Y de ello dependían no sólo los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, y con ello una parte importante de atención para población no derechohabiente en los estados de la República, segmento que ha elevado su número por la crisis económica.

El esquema anterior no era perfecto y debía mejorarse. Por años dejó pendiente incorporar a padecimientos importantes como varios tipos de cáncer y enfermedades raras.

El problema es que eliminaron dicho esquema de un plumazo sin definir una alternativa. Porque el que quedó en su lugar, el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), lo dejaron sin reglas y ahora lo quieren desaparecer de facto.

El diputado Éctor Ramírez Barba -quien está en la terna para presidir la comisión de Salud en la Cámara- recuerda cómo al inicio de la pandemia se le insistió al Ejecutivo que tratara el COVID-19 como una enfermedad de gasto catastrófico, pero se negó. Al final, en los hechos sí se han ido tomando esos recursos para pagar costos de la pandemia -tal es el caso de las vacunas anticovid-, bajo un ejercicio poco transparente.

El legislador panista prepara una iniciativa para cambiar 2 artículos de Ley General de Salud a fin de poner las reglas del Fonsabi y evitar que lo vacíen. Ahora en la nueva Ley de Ingresos para 2022 se propone disponer de los últimos 66,474.9 millones de pesos que guarda el Fonsabi, sin precisar para qué; se entiende que sería para gasto ordinario del Gobierno federal.

Y es que, como dice el diputado, al Fonsabi la 4T lo ha visto más bien como una alcancía de cochinito a la cual cada año le ha ido retirando para ejercerlo como si fuera un aumento en el gasto del sector salud. En el 2020 le retiraron al Fonsabi 40,000 millones de pesos que el presidente anunció sería para su plan de salud dividido en 8 regiones que al final no concretó y no reportó cómo fueron ejercidos. En el 2021 se le succionaron otros 33,000 millones que al final sirvieron para la compra de vacunas antipandemia. Ambas cantidades se agregaron al presupuesto en salud como si fuera aumento cuando en realidad eran recursos ahorrados para garantizar la cobertura de los afiliados a futuro, lo cual permitía mayores eficiencias financieras que también se perdieron.

Lo más grave es que todo ello va en contra de la población de menos recursos que es la que menos posibilidades tiene de pagar enfermedades de alto costo. La falta de una estrategia para cubrir gastos catastróficos es otro elemento perverso que se suma como factor de empobrecimiento para la población mexicana.

Selecciona OPS a Brasil y Argentina para producir vacunas ARNm

Desde abril del 2021, la OMS invitó a fabricantes e instituciones de investigación públicas y privadas para impulsar centros de transferencia de tecnología de vacunas de ARN mensajero contra COVID-19 en economías emergentes. La iniciativa contó con el apoyo de socios mundiales como el Medicines Patent Pool.  Respondieron una treintena de empresas e instituciones científicas latinoamericanas. Y en agosto hubo una segunda convocatoria de parte de OPS a fabricantes interesados en formar parte de un consorcio regional para suministrar reactivos y otros insumos para producir vacunas de ARNm.

Ayer OPS anunció los ganadores: el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/FIOCRUZ) en Brasil y la empresa biofarmacéutica Sinergium Biotech en Argentina. México no pintó. La duda es si no hubo instituciones mexicanas interesadas o no fueron seleccionadas.

Lo que quedó evidenciado es que OPS y CEPAL no se hablan y van en líneas paralelas pero cada uno por su lado cuando deberían hacen sinergias pues el objetivo es el mismo: acelerar la vacunación en AL y acabar con la pandemia.

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encontrar especialistas de salud y agendar citas, hoy se ha convertido en un ecosistema con una gama de soluciones para ayudar en los procesos de digitalización a más de 190,000 profesionales de la salud, 1,500 clínicas y 90 laboratorios. Los polacos del Grupo DocPlanner, que adquirieron Doctoralia en 2016, han de tener bien apapachado a Ricardo Moguel, su joven capitán para México, Colombia y Argentina, que ha llevado el timón aquí con gran rentabilidad.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.

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