El arte de la manipulación política, versión SCJN

Los políticos y legisladores experimentados siempre han sabido que, dándole una forma específica a la agenda, pueden afectar e influenciar profundamente las decisiones de los otros. Esta es la esencia del “Arte de la Manipulación Política”, como lo describió William Riker hace tres décadas analizando la forma de actuar de políticos estadounidenses. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desafortunadamente, ahora ofrece nítidas evidencias de que el mismo fenómeno está plenamente vigente no sólo en el sistema político mexicano sino en nuestro poder judicial.

Es un error limitar la observación a la votación de la acción de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de la semana pasada. En este tema ha habido estrategia y formación de agenda desde hace muchos meses. Para empezar, la ministra Loretta Ortiz no era la encargada original de redactar el proyecto a discutirse. Ella sólo heredó la responsabilidad (junto con la posición) cuando el ministro José Fernando Franco se retiró. Lo interesante está en los tiempos: la Corte recibió la acción de inconstitucionalidad el 4 abril de 2021; el ministro Franco no se retiró hasta diciembre, ocho meses después. Pero, por alguna razón, para este tema tan sensible, el presidente de la Corte optó por contar con el proyecto de una ministra entrante, nominada por este gobierno y con menos de cinco meses de experiencia como ministra. Quizás más alarmantemente, esto también implica que el presidente de la Corte descartó contar con el proyecto de un ministro con 15 años de experiencia como ministro.

Además, implícitamente, el ministro presidente descartó que se votara con la composición pasada de la corte. Prefirió que se votara ya que la Corte tuviera a cuatro ministros nominados por esta Administración. ¿Es una coincidencia que el resultado esté tan alineado con las preferencias del ministro presidente? Sólo para repasar, el ministro presidente Zaldívar votó a favor del proyecto de la ministra Ortiz, que se percibe como la ministra más leal a la agenda del presidente López Obrador. Del ministro Franco, por cierto, se intuía la posición contraria.

Hay más. Como Juan Jesús Garza y Javier Martín explicaron en su artículo de Reforma, la forma en la que se evitó la invalidez de la reforma a la LIE, ya en la votación, es igualmente sospechosa. “Por lo general, las y los ministros de la Corte suelen votar a favor o en contra de la invalidez de las normas impugnadas… Sucede, sin embargo, que en esta ocasión la Corte procedió de forma distinta”. Lo decisivo en esta ocasión fue el desacuerdo entre los ministros González Alcántara y Gutiérrez Ortiz. No en que la norma era inconstitucional: ambos estaban de acuerdo con eso. En lo que no pudieron ponerse de acuerdo fue en la razón de la inconstitucionalidad. Uno sostuvo que sólo la libre competencia justificaba la inconstitucionalidad en este contexto; el otro que la clave exclusiva era el medio ambiente sano. Claro que, bajo el mecanismo tradicional de votación que Garza y Martín describen, este desacuerdo hubiera sido irrelevante. Pero quien por definición controla la formación de agenda y formatos de discusión supo aprovechar. Al poner el énfasis de la votación en los tipos de argumentos, fabricó un resultado que mágicamente se alineó con su preferencia. William Riker quedó validado: aquí también así funcionan las cosas.

Todo esto, desafortunadamente, es todavía más alarmante de cara a la reforma constitucional en materia energética. Si con un astuto manejo de agenda judicial se pueden producir estos resultados con la forma constitucional actual, ¿se imaginan lo que esta Corte podría evitar invalidar si la CFE adquiere el derecho constitucional a producir al menos 54% de la electricidad del país?

@pzarater