Por más de cuatro años el Brexit ha dominado el debate político y económico en el Reino Unido. Antes del referéndum de junio del 2016, el centro del debate eran las razones en contra y a favor para abandonar la Unión Europea (UE) y, posteriormente, las largas discusiones han sido alrededor de cómo salir bajo las mejores condiciones. Después de un receso, a raíz de la pandemia del coronavirus, el tema vuelve a ser noticia mundial cuando el gobierno de Boris Johnson reveló estar planeando una Ley de Mercado Interno para modificar lo pactado con la UE en el Acuerdo de Retirada, en lo relativo a Irlanda del Norte.

Durante la campaña del referéndum uno de los argumentos a favor del Brexit era que el país había perdido soberanía, la frase vaga “recupera el control” capturó el sentimiento, equivocado, de que una vez fuera de la UE el país podría controlar problemáticas complejas como acuerdos comerciales, inmigración y seguridad nacional. De la misma manera, en 2019, usando el eslogan electoral “Get Brexit Done” y sin explicar las condiciones y consecuencias de la salida de la UE, el actual primer ministro obtuvo una mayoría contundente y el mandato para concluir dicha salida.  El 31 de enero de 2020 el Reino Unido dejó de ser miembro de la UE y abrió una frase de transición, hasta el 31 de diciembre, en la que se dirimirán los detalles de la nueva relación comercial entre las partes.

Es cada vez más evidente que pertenecer a la UE no era un asunto de soberanía sino de poder. Mediante un cerrado referéndum, 52% contra 48%, el Reino Unido ejerció su soberanía al decidir abandonar la UE y hacer sus leyes sin la intervención de Bruselas. Esto no significa que ahora tiene el control de todos los asuntos externos que determinarán las relaciones comerciales con la UE y otros países.

Por otro lado, la situación geográfica y política del país contribuye a la complejidad de las negociones comerciales. El gobierno no solo tiene que acordar con el grupo de 27 países que conforman la Unión Europea sino también tiene que sortear las fricciones al interior del país. En 2016 Escocia e Irlanda del Norte votaron por permanecer en la UE, estos desacuerdos alrededor del Brexit se sumarán a las desavenencias con Inglaterra y Gales.

El punto más controversial del Acuerdo de Retirada era Irlanda del Norte. Nadie quería poner en riesgo el proceso de paz y los acuerdos del Viernes Santo imponiendo fronteras duras con la República de Irlanda. El Acuerdo de Retirada que Boris Johnson negoció y firmó en enero contempla, en caso de que no hubiera otro acuerdo, un estatus especial para Irlanda del Norte durante cuatro años, sin frontera y bajo la supervisión de la UE y una aduana en el mar de Irlanda. La legislación que Boris Johnson ahora propone anula algunas partes de este acuerdo en una clara violación a las leyes internacionales.

El Reino Unido va contra reloj tratando de negociar aisladamente acuerdos de libre comercio con el mundo, lo cual no ha hecho en los últimos 40 años, al mismo tiempo que le da la espalda a la Unión Europea, la segunda economía más grande y su principal socio comercial. En caso de aprobar la Ley de Mercado Interno de Johnson, es posible el colapso de las negociaciones sobre un acuerdo comercial con la Unión Europea.

Adicionalmente, como lo han expresado diversos miembros de las esferas políticas de Europa y del Reino Unido, ni la UE ni otros países podrían confiar que el Reino Unido respetará los acuerdos alcanzados en futuras negociaciones. Y esto en medio de la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión.

Lucía Buenrostro

Actuaria por la UNAM

Columna invitada

Lucía Buenrostro es Maestra en Economía por El Colegio de México y Maestra en Matemáticas y Finanzas por el Imperial College (Reino Unido). Es Doctora en Economía por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Ha desempeñado labores de docencia e investigación en la UNAM, en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Oxford.

Cuenta con una amplia y sólida trayectoria en el sistema financiero internacional donde laboró por casi 15 años en Londres como responsable de áreas de administración de riesgos en la banca de inversión.