El Caso Jaime Bonilla

El anterior gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, no representa un caso aislado dentro de la política mexicana y, específicamente, es un buen ejemplo de los métodos instaurados por el presidente López Obrador. Bonilla es un síntoma de la corrupción permitida, de las violaciones a la ley, del amiguismo y de la violencia que se ejerce o se tolera desde el poder, sobre todo contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Recientemente fue publicado un libro llamado “El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI”, del arquitecto Jaime Martínez Veloz. El “compa” Veloz, como lo conocen en su natal Coahuila y en Baja California, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, es un luchador social y un político, pero también es un acucioso recopilador y ordenador de la valiosa información que contiene su texto.

Desde antes de que llegara a la gubernatura el señor Bonilla, Martínez Veloz se dio a la tarea de recopilar testimonios, documentos y datos. Los publicó en varios medios y alertó a las autoridades de los antecedentes y la calaña del morenista y amigo de AMLO. No fue escuchado. Como ha sucedido a lo largo de este sexenio, cada vez que se señala de corrupto a un cercano a la Presidencia, el presidente lo niega, lo minimiza y lo hace ver como parte de una conjura contra él. No importa que haya pruebas y evidencias.

Algunos de los temas que se tratan en el libro retratan claramente quien es Bonilla. Por ejemplo, su paso por el Distrito de Agua de Otay (Otay Water District/OWD) del que llegó a ser presidente. El libro documenta que el exgobernador juró al menos tres veces apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la del Estado de California. Se dirá que esto es un detalle menor, pero no es así, ¿se puede jurar defender la Constitución de los Estados Unidos de América y luego, como senador mexicano y mandatario estatal, jurar defender la Constitución mexicana? Es claro que no. Ese solo hecho, denunciado por medios y políticos, debió bastar para hacerlo inelegible para ambos cargos mexicanos. AMLO y MORENA hicieron caso omiso de esta información, a pesar de que había suficientes datos que lo probaban.

También se documenta que Bonilla gastó mucho de su propio dinero para llegar a ser presidente del OWD. El porqué de esto revela un patrón que después siguió: invirtió para obtener un puesto porque sabía que iba a conseguir más, sin importar que se violara la ley para lograrlo. En cada uno de sus movimientos siempre espero conseguir más. En palabras sencillas: no dio paso sin huarache.

Pero además de pillo, Bonilla parece ser torpe. En cada una de sus “movidas” son evidentes sus intenciones según documenta el libro de Martínez Veloz. Por supuesto lo de OWD terminó mal. Severamente cuestionado por los movimientos de personal y los gastos sin comprobar fue echado del puesto. Al final, se tuvo que hacer informante del FBI para salvar el pellejo. Ese es el “noble” político que López Obrador ha defendido una y otra vez.

Por supuesto, lo más escandaloso de Bonilla, elegido para ser un gobernador de dos años, fue su intentona de extender su mandato a cinco años merced a una maniobra en el Congreso local en la que incluso legisladores de “oposición” no resistieron los cañonazos de dinero. No hay que olvidar que la misma secretaria de Gobernación de aquel tiempo, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, fue captada dando la bendición a tal ruptura legal, lo que habla de la poca ética de la funcionaria y del acuerdo que había con el mismo presidente de la república.

Durante toda esa maniobra legaloide, recuerdo que Jaime Martínez Veloz fue uno de los más insistentes personajes que llamaron a parar la trastada. Bonilla quería ampliar su mandato para seguir haciendo negocios al amparo del poder y López Obrador observaba con atención el desarrollo de los acontecimientos, tal vez con la esperanza de que, abierto ese camino, él podría hacer lo mismo a nivel federal. Al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justica de la Nación cumplieron la ley y echaron a la basura la intentona de Bonilla (¿y AMLO?)

En el libro de Jaime Martínez Veloz hay muchos más temas, documentos y detalles que incluso podrían servir de base para un proceso legal contra el exgobernador. Es bueno tener libros de teoría, pero también es importante contar con textos como este, detallados y con pruebas. Vale la pena echarle un ojo. Pero Bonilla no es un caso aislado, prácticamente todos los gobernadores de MORENA están haciendo cosas parecidas: Chiapas, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, etc.

Habrá que preparar otros textos y usarlos legalmente cuando llegue el momento.