Para quienes vimos o escuchamos el Primer Informe de Gobierno de la Cuarta Transformación llamó la atención que el presidente López Obrador mencionara dos nombres conocidos: Manuel Bartlett y Carlos Slim, representantes negociadores de un “arreglo” en el abasto de gas por 20 años. De ese acuerdo energético de alto nivel surge la pregunta: dónde está el Bartlett de las telecomunicaciones.

¿Dónde está el personaje de la 4T que logre posicionar como de la mayor importancia el sector de las telecomunicaciones? ¿Dónde está la persona que consiga que el sector digital se tome la foto con el Presidente de la República en la conferencia matutina? ¿Dónde está el funcionario de la mayor confianza presidencial que haga arreglos, acuerdos y resuelva los asuntos pendientes en las telecom? ¿Quién tiene el espaldarazo del Ejecutivo para atender los temas que -de ser técnicos y/o económicos- se convirtieron en políticos o no nunca dejaron de serlo? 

Aunque de forma destacada, y otras veces polémica, el Poder Judicial y la Suprema Corte no pueden asumir ese rol permanentemente. Dos temas recientes, la sentencia sobre la controversia constitucional de los derechos de las audiencias y la ausencia de lineamientos de neutralidad de la red, tuvieron que ser resueltos por el máximo tribunal porque el regulador no quiso afrontarlos. No hubo liderazgo regulatorio sino cálculo político.

Como no existe estudio público ni justificación económica para impedir que todos los operadores del mercado ofrezcan todos los servicios disponibles, es decir, convergentes, tener convergencia plena -o negarla, como hasta ahora- ha sido un asunto político que supera las atribuciones autónomas del regulador, porque éste no ha querido abrir la competencia convergente aunque el artículo sexto constitucional ordena que los servicios públicos de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de convergencia. ¿Quién lo solucionará?

Desde el momento en que la resolución que ordena la separación funcional de Telmex carece de motivación y fundamentación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que además se involucró en asuntos laborales y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ya se manifestó en las calles de la Ciudad de México, el expediente ya no es exclusivamente regulatorio sino esencialmente político. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, está estudiando la separación funcional. ¿Cómo desatará ese nudo gordiano? No obstante su oportuna intervención, ella tiene muchos otros asuntos de relevancia nacional como para ser esa persona de tiempo completo que la industria TIC merece.

El planificador que estamos buscando no se encuentra en la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. Nadie que crea poseer el secreto del Santo Grial digital, que reprenda a los reporteros que preguntan “cuál es la política pública digital” y que apenas tiene un presupuesto de 12.3 millones de pesos para ejercer en 2020 (26.7% inferior a los 16.8 mdp de 2019), puede ocupar esa relevante posición. 

Tampoco se ubica en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque esta institución no ha convencido a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión de que existe una política política en la materia. Sólo el programa Internet para todos (antes México Conectado), que en 2019 tuvo un presupuesto de por sí reducido de 622.7 millones de pesos, para 2020 disminuirá 24.7% a 468.6 mdp. Claramente, el nombre de ese programa es un eufemismo. También a la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT le bajaron el presupuesto 30%, de 114.4 mdp en 2019 a 79.9 mdp para 2020. Qué gacho.

¿Cuál súper mujer o súper hombre está analizando en su conjunto el presupuesto de los medios públicos federales para evitar que, otra vez, se le incendien las benditas redes sociales por los magros recursos que recibirán para el ejercicio 2020 en detrimento del servicio público de radiodifusión y los derechos de las audiencias?

¿Por qué si en el paquete fiscal la Secretaría de Hacienda está dispuesta a gravar las empresas y plataformas digitales, y eso va a abrir la puerta al cabildeo y la presión de esas mega corporaciones, no tiene la persona preparada para ese tipo de negociación que es eminentemente política, y que requiere un amplio y desprejuiciado conocimiento del ecosistema y la economía digital?

¿Dónde está el interlocutor que le diga al Presidente que un presupuesto de 1,095 mdp para la nueva empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos es demasiado poco para el desafío que implica llevar banda ancha a las comunidades más apartadas que carecen del servicio? 

¿Dónde está el asesor digital que le explique al Ejecutivo que no puede seguir mermando los presupuestos para los proyectos de conectividad? ¿Debajo de qué piedras buscamos a ese estratega que -a pesar de las tempestades mediáticas- tendrá la aquiescencia presidencial para destrabar los pendientes digitales de México? 

En 2020 ocurrirá la renovación de la Presidencia del IFT que, además de elegir a un nuevo comisionado(a), persiste el descrédito de carecer de una mujer en el Pleno, que las/los aspirantes comulguen con las políticas de la 4T y que además quieran ocupar la Presidencia del IFT. Sin duda, ese nuevo nombramiento será el más político, polémico y relevante en los seis años de existencia del regulador. ¿Quién será el interventor?

¿Dónde identificar a ese misionero que, contra viento y marea, se dedique de lleno al sector digital, permanezca en el cargo toda la administración, le dé continuidad a las políticas públicas y no utilice el puesto como trampolín para colocarse políticamente o en una empresa del sector?

¿Quién es el evangelista digital que va a arrastrar el lápiz, elaborar las políticas públicas, recibir a todos los actores interesados en la industria, representar a México en los foros internacionales, ir a los eventos y decir algo importante, dar entrevistas, perseguir a los secretarios y funcionarios del gobierno para que incorporen las TIC a sus dependencias y sectores, a los gobernadores y presidentes municipales (muchos de ellos apáticos digitales) para que se modernicen y elaboren sus propias agendas digitales?

Una característica básica del liderazgo es la existencia de un fuerte e irrenunciable compromiso. ¿Cuál es el compromiso digital de la 4T y quién lo va a liderar?

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente