La crisis del Golfo entre el Estado de Qatar por un lado y Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, además de Egipto por el otro, surgió con la publicación de declaraciones falsas y atribuirlas a Su Alteza el Emir de Qatar Sheikh: Tamim Bin Hamad Al-Thani, luego del hackeo al sitio web de la Agencia de Noticias de Qatar (QNA) por agentes extranjeros, quienes serán perseguidos legalmente. Sin embargo, esta crisis ha llegado más a allá de una crisis política entre países árabes y del Golfo, unidos por muchos lazos familiares, además del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), el cual no ha tomado ninguna posición al respecto.

Así, pues, esta crisis trascendió las cuestiones o diferencias políticas; que pueden parecer comunes en las crisis políticas a nivel internacional; para afectar de forma sistemática e impactante a los ciudadanos de Qatar, impidiendo los medios de la convivencia y causando violaciones a los derechos humanos.

Los llamados países del bloqueo decidieron, equivocadamente, cortar las relaciones con el Estado de Qatar y pusieron en marcha severas medidas contra sus ciudadanos y residentes.

Estas medidas incluyen la imposición de un bloqueo por tierra en contra del Estado de Qatar a través del cierre del único cruce terrestre en la frontera con Arabia Saudita, y por aire al no permitir que aviones civiles de Qatar Airways aterricen en los aeropuertos de estos cuatro países. En cambio, Qatar no respondió recíprocamente.

Bajo estas circunstancias, muchas organizaciones de derechos humanos se dieron a la tarea de elaborar informes para documentar estas violaciones contra los ciudadanos y residentes del Estado de Qatar. El más reciente es el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; cuyos funcionarios visitaron Qatar del 17 al 24 de noviembre del 2017 con la finalidad de documentar las violaciones a consecuencia del bloqueo.

El Comité Técnico del Alto Comisionado publicó su informe "El impacto de la crisis del Golfo en los derechos humanos", una especie de recopilación detallada de estas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional.

El informe señala que los orígenes de la crisis se deben a la tensión persistente desde hace mucho tiempo entre el Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, y que las causas inmediatas de la crisis toman como pretexto las presuntas declaraciones atribuidas al Emir de Qatar. También señala que varios mecanismos y organizaciones internacionales comparten su preocupación por el impacto de la crisis en los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales de las personas.

La Misión del Alto Comisionado de la ONU se reunió con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Qatar, los representantes regionales de la UNESCO y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y recibió el apoyo técnico por parte de las diferentes dependencias de Qatar para la elaboración de su informe.

Dicho informe documenta las siguientes violaciones:

Restricciones a la libertad de prensa y expresión: se constataron restricciones a los medios y la libertad de expresión y que la campaña lanzada por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin tanto en medios impresos como redes sociales incitan al odio y la difamación. Además, estos tres países legislaron leyes que penalizan a cualquier persona por demostrar o expresar su simpatía con el Estado de Qatar.

Contra el Derecho a la libertad de tránsito y comunicación: los cuatro países cerraron sus fronteras con Qatar, cancelaron cualquier cargamento comercial de barcos qataríes, prohibieron el aterrizaje de aviones qataríes y suspendieron los vuelos.

Pero, quizá lo más llamativo es la separación de familias, el informe documenta que los ciudadanos qataríes se vieron obligados a abandonar los  países del bloqueo de forma repentina y sin explicación por parte de las autoridades, los cuales, al mismo tiempo, pidieron a sus ciudadanos salir de Qatar. Esto es una violación de los derechos de los ciudadanos, sobre todo si se toma en cuenta que algunos de ellos son estudiantes, o personas que reciben tratamiento médico o realizan sus tareas religiosas; u otros que tienen negocios o propiedades en esos países.

De manera clara, el informe del Alto Comisionado de la ONU indica que las medidas dirigidas a las personas respecto a su nacionalidad o lugar de residencia en el Estado de Qatar pueden ser consideradas desproporcionadas y discriminatorias, y que la mayoría de las medidas son extensas, poco especificas y no distinguen entre el Gobierno de Qatar y su población.

Por lo tanto, constituyen los elementos básicos de la definición de medidas forzosas unilaterales, tal como lo demuestra la Comisión Técnica.

Finalmente, es importante señalar la relevancia de este informe, ya que constituye una referencia documental de estas violaciones, para las cuales el Estado de Qatar busca encontrar soluciones a través de la mesa de las negociaciones políticas.

Debemos reiterar que el Estado de Qatar está abierto a las soluciones pacíficas y las ha buscado desde el comienzo de la crisis, llamando siempre al diálogo equilibrado.