Las grandes transformaciones sociales y económicas se han hecho de la mano de la clase media, aquella que los gobiernos y líderes políticos deben cuidar procurando su crecimiento porque es la principal generadora de riqueza y sostén del Estado, así como la más importante creadora de empleos. Por más necesidades que tenga el Estado para cumplir con sus gastos para hacer política, proporcionar seguridad pública para todos, cumplir con obligaciones sociales, redistribuir la riqueza, y hasta recibir migrantes no puede sobrecargar a la sociedad más de lo que ésta puede soportar, de lo contrario puede sobrevenir el colapso económico del sistema político.

En particular, la población que trabaja y estudia, que tiene un ingreso medio con su dinámica social, aporta la mayor cantidad de dinero vía impuestos y a través de sus pequeños y medianos negocios genera el mayor número de empleos que el país posee, generando a su vez uno de los mejores mecanismos redistributivos que se conocen. Junto con los mecanismos redistributivos que los estados eficientes tienen, las clases medias representan el verdadero sustento de los países. En este sentido, una adecuada política fiscal que abata a la economía informal y que promulgue el pago de impuestos de todos sin excepción, y una clase media robusta viviendo en paz representan los dos principales pilares que México necesita para salir adelante.

En alguna ocasión recuerdo cuando un gobierno estatal se encontraba iniciando funciones luego de una transición, para variar se encontraba sin recursos, porque todo el dinero se lo había mal gastado el gobierno anterior en corrupción y desvío. En aquel entonces se había llegado a la conclusión de que la única forma de allegarse de dinero rápidamente era a través del reemplacamiento de vehículos. En efecto, obligar a todas las personas que tienen un coche en el estado a hacer un gasto innecesario para que el nuevo gobierno tuviera dinero en aquel entonces para su nómina. Hay que recordar que no todo el que tiene un auto es adinerado o acomodado en la sociedad, para buena parte de la gente esto no es un lujo sino una necesidad.

Los gobiernos buscando dinero a como dé lugar, ya sea para buenas causas o para malas que han demostrado que las suelen tener, pueden llegar a ser el gran obstáculo para el desarrollo económico. Este es el caso, por ejemplo, del estado de Morelos, en donde su gobernador aún no ha tenido el tiempo de demostrar avances en materias como seguridad, educación, salud y pobreza y ya está requiriendo de sus habitantes un gasto sin justificación alguna.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la CDMX, en donde recientemente se está reportando una serie de asaltos a mano armada en las calles de la Universidad Iberoamericana UIA en Santa Fe, en la Alcaldía Cuajimalpa, y lo que se ha obtenido como respuesta de autoridad es que a lo largo del fin de semana hubo un fuerte operativo de oficiales de SSP, pero de tránsito, multando y cobrando in situ a alumnos por toda cantidad de infracciones sin una sola presencia de alguna patrulla de policía que cuidara de la comunidad universitaria de los robos y asaltos. Las personas que crean que en la Ibero sólo estudian personas con dinero, bastaría con darse una vuelta en un día de clases para darse cuenta de lo vasta y diversa que es su comunidad preparatoriana, universitaria y académica. Al igual que en Morelos, la CDMX cobra puntualmente a sus ciudadanos antes de darle la seguridad pública que merecen.

Igualmente, se puede encontrar el caso del Estado de México, que ya anunció que cada cinco años los ciudadanos, sin ninguna razón válida, estarán obligados a cambiar sus placas de circulación. La sociedad se cansa de estarle cumpliendo trámites ociosos a sus gobiernos. Somos el país de las interminables fotocopias, las fotografías tamaño infantil, los comprobantes de domicilio y las actas de nacimiento. El estado de Morelos ha anunciado que cada año se tendrá que cambiar la tarjeta de circulación, el gobierno de la CDMX tiene suspendido su trámite y el Estado de México, nuevas placas cada cinco años. Los ciudadanos pierden cientos de horas de sus vidas y cientos de miles de millones de pesos en cumplir trámites a sus gobiernos locales cada vez más alejados de sus necesidades fundamentales como la seguridad de su integridad física y sus bienes.

Los gobiernos de los estados y municipios, al igual que las alcaldías, deberían tener en cuenta que hoy todos vivimos un cambio de régimen en donde el gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a ser austero y anteponer la ética en el servicio público, así como esperar al menos tres años para demostrarle a la ciudadanía resultados concretos antes de seguirla lastimando con más carga fiscal y trámites, que lo único que hacen es fomentar la corrupción y denigran el servicio público ante la sociedad.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas