Debido a su fuerte dependencia de los servicios turísticos, el paro de actividades “no esenciales” durante los meses de abril y mayo dejaron devastada la actividad económica en Quintana Roo. Las pérdidas en su Producto Interno Bruto (PIB) alcanzaron un valor de 34,462 millones de pesos, equivalentes a 9.7% del PIB obtenido por esa entidad federativa en el año 2019. Tan sólo en los servicios de alojamiento y preparación de alimentos están en riesgo de desaparecer 43,852 puestos de trabajo formales e informales, y otros tanto (47,000) en el resto de las actividades económicas.

En conjunto, los cinco estados de esta región (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) sufrieron pérdidas cercanas a los 125,000 millones de pesos en su PIB (4.5% del valor alcanzado por ese indicador el año anterior), y de 226,228 millones en el valor de su producción bruta. Estas magnitudes daban soporte económico a 340,299 puestos de trabajo que se encuentran en grave riesgo de desaparecer, especialmente ante la absurda e indefendible omisión de programas de rescate fiscal por parte del gobierno federal.

Así, mientras en Europa se cocina un programa de monto (700,000 millones de euros) y características inéditas (emisión de bonos comunitarios y no de los estados nacionales) y se discuten las transformaciones económicas y sociales que la pandemia incrustó en las agendas del desarrollo, en México damos un tripe salto mortal hacia el pasado: de vuelta al poder centralizado y monolítico; de nueva cuenta la impracticable pretensión de reconstruir los monopolios públicos, basados en la energía generada por combustibles fósiles, en la producción de petróleo y electricidad, así como la perversa intención de erosionar los contrapesos de poder que sustentan nuestra democracia electoral.

En Europa se debate cómo se pueden aprovechar los programas de rescate económico para impulsar la economía verde, promoviendo la producción de hidrógeno en Alemania, clausurando las centrales carboeléctricas y sustituyéndolas por energía eólica en España, habilitando cientos de kilómetros de ciclovías en las principales capitales del continente, empujando la transición hacia los vehículos eléctricos e híbridos en la industria automotriz, relocalizando su manufactura en sus propios territorios; retomando el control de la producción de fármacos, materiales y equipos médicos. Como parte del esquema de pago de los bonos que financiarían los programas de rescate, se discute la aplicación de un impuesto comunitario al carbón contenido en las emisiones de CO2 vinculadas con los bienes y servicios importados desde el exterior.

Mientras Alemania proyecta impulsar la producción de hidrógeno para manejar las intermitencias de las energías eólica y solar, en México la 4T les impone costos y medidas arbitrarias para descarrilarlas y sustituirlas con la electricidad generada con el combustóleo que PEMEX no puede colocar en ningún otro mercado por sus efectos mortíferos sobre el medio ambiente. Ignorando la catástrofe ambiental que nos agobia, y que muchos científicos ubican en los orígenes de la pandemia que nos arrasa, se adopta un rumbo que nos lleva al suicidio colectivo, pues nuestra civilización, para sobrevivir, debe “descarbonizarse” en un horizonte de tres décadas.

Los cinco estados que forman la región Golfo-Sureste concentran 12.1% de la superficie continental del país, en la cual habita 12.5% de la población. Una parte sustancial de la producción nacional de crudo y de su transformación, se aloja en tres de sus entidades (Veracruz, Tabasco y Campeche), lo cual eleva su participación en el PIB nacional a un 14.4 por ciento.

Poco más de 40% de las pérdidas reportadas arriba en el PIB como consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria se concentran en Veracruz, en dónde vive más de la mitad de la población de la región. Quintana Roo participa con 25.7, Yucatán con 15, Tabasco con el 12.6 y Campeche con el 6.1 restante.

Cinco actividades económicas de la región agrupan casi dos tercios de la caída en el valor de la producción: la construcción, la petroquímica, los servicios inmobiliarios, los servicios de alojamiento y preparación de alimentos, así como el comercio al menudeo. El desplome de la industria de la construcción concentró tres cuartas partes del descalabro de la producción bruta en Campeche, casi 30% en Tabasco, alrededor de 25% en Veracruz y Yucatán y 14.8 en Quintana Roo. La caída en la petroquímica golpeó fuerte en los estados de Tabasco y Veracruz, pues concentró 41.7 y 21.5% de la reducción en el valor de su producción. Mientras que el colapso en los servicios de hospedaje y alimentación para turistas acapararon 42.1% de la contracción en esta variable en Quintana Roo.

Tres cuartas partes de los empleos en riesgo corresponden a los sectores de la construcción; los servicios de alojamiento y preparación de alimentos; servicios de apoyo a los negocios; otros servicios y comercio al menudeo. Las pérdidas de empleo en la industria de la construcción son particularmente severas en los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán, en los cuales representan 72.9, 64.2 y 61.1% del total. En Quintana Roo, el desplome de la construcción y los servicios turísticos explican 81.1% de la contracción en el empleo.

Salvo el caso de Quintana Roo, las pérdidas promedio de cada habitante del Golfo-Sureste en el PIB (8,626 pesos), el ingreso disponible (6,643) y el consumo (3,882) fueron menores a las medias nacionales en porcentajes de 37, 37.1 y 52.4%, respectivamente. En Quintana Roo se observó lo contrario; las reducciones por persona en esas tres variables fueron superiores a las del mexicano promedio en porcentajes de 52.1, 90.5 y 15%, respectivamente. Dos comentarios finales: 1. En Campeche y Tabasco una proporción minoritaria del PIB (35% en el primer caso, 44 en el segundo) se integra al ingreso de las familias. Esto se debe a que el grueso de la renta petrolera se transfiere fuera de la región. 2. El 58% del ingreso disponible en los hogares del Golfo-Sureste se gasta en bienes y servicios producidos por la economía regional, solamente la región sur tiene un indicador menor. Esto indica que son las economías más dependientes de las importaciones internacionales y del resto del país para satisfacer sus necesidades de consumo y también, que son las regiones con cadenas de valor menos desarrolladas.

*Investigadores nacionales del Conacyt, adscritos al Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila.