Competencia gris y negra

Los recientes bloqueos de los teléfonos celulares grises por parte de empresas como Samsung, Motorola y Xiaomi, pusieron finalmente en el radar de los reguladores, y de una buena parte de la sociedad, el tema de las importaciones paralelas en México. Éstas son las internaciones de productos que, si bien fueron fabricados presumiblemente de forma legal en algún país extranjero, no fueron importados legalmente a territorio nacional.

Las compañías mencionadas anunciaron, de manera notablemente contemporánea, que bloquearían estos teléfonos grises que estaban afectando seriamente su negocio en México.

Las importaciones legales de mercancías son realizadas por un distribuidor o titular de marca autorizado, están sujetas al pago de los aranceles aplicables y a certificación o revisión de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas (NOMs). Las NOMS son regulaciones diseñadas para mitigar riesgos e informar a los consumidores.

Los comercializadores grises no cumplen con las regulaciones aplicables, por lo que enfrentan menores costos de transacción y pueden ofrecer a un precio sustancialmente menor los productos, lo que los hace muy atractivos para los consumidores.

No obstante, esta competencia gris daña a los jugadores formales y, potencialmente, a los propios consumidores cuando, por ejemplo, descubren que su nuevo smartphone no es compatible con el voltaje mexicano, o que no tiene garantía válida en nuestro territorio.

Además de los mercados grises, en México hay otros mercados ilegales, como el de mercancías robadas, pirata (imitaciones), o fabricadas por empresas sin escrúpulos o controladas por la delincuencia organizada y que no cumplen ni las medidas mínimas de seguridad. Estos productos negros no solo afectan a la economía, sino que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores.

Muchos mercados enfrentan competencia negra y gris. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Industria del Tabaco estima que hasta el 20% de los cigarros que circulan en México son manufacturados por empresas que no cuentan con el registro sanitario correspondiente, o importaciones grises de cigarros hechos por empresas legítimas pero en países donde no aplican normas de etiquetado o de seguridad equiparables a las nuestras.

Está también el caso de medicamentos para control de peso, donde se han encontrado que formulaciones no destinadas para consumo humano son vendidos como “sustitutos” de los famosos Ozempic y Wegovy, medicamentos para el control de diabetes y pérdida de peso. La industria de productos cosméticos enfrenta sitios web que aparecen y desaparecen en los que venden dispositivos y tratamientos fuera de norma. Y así toda la economía informal de ropa, calzado, textiles, electrónicos, juguetes, dulces, etc.

Aunque estos fenómenos crecen vigorosamente y afectan las condiciones de competencia en los mercados, no caen dentro de la jurisdicción de nuestras agencias de competencia, la Cofece y el IFT. Por eso, la política de competencia no se debe aislar totalmente de otras herramientas de política económica y comercial, dado que problemas como éste tienen orígenes múltiples y requieren soluciones interdisciplinarias y, con frecuencia, multijurisdiccionales.

En el caso de los teléfonos, no fue sino hasta que las compañías fabricantes de equipos empezaron a bloquear los teléfonos grises que Profeco, el IFT y la Secretaría de Economía despertaron y convocaron a mesas de diálogo. Ojalá se despierten también la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Cofepris, la FGR y un largo etcétera de reguladores que duermen muy a gusto mientras la economía formal, la competencia y los consumidores sufrimos los efectos de la competencia gris y negra.