Claroscuros en la renovación del INE

Está en marcha la renovación de cuatro consejeras y consejeros del INE. En general se han respetado reglas constitucionales predefinidas para ello, pero también hemos visto tropiezos preocupantes durante el proceso de selección que estará en pausa un tiempo por la crisis de salud que azota a todo el mundo.

Lo primero que me parece justo reconocer es el consenso en la convocatoria y la conformación equilibrada del Comité de Evaluación que prevé la Constitución (tres integrantes los propone la Junta de Coordinación Política, dos el INAI y dos la CNDH). Fue seria esa decisión respecto a casi la totalidad de evaluadoras y evaluadores, sólo hubo polémica con el doctor John Ackerman, uno de siete miembros, quien genera muchas dudas respecto a su imparcialidad. Ese caso no fue un debate sobre si tiene poco o mucho conocimiento académico, sino por el conflicto de interés que implica ser abierto simpatizante del partido que gobierna y tener además vínculos familiares directos con el gobierno federal. Desde esa perspectiva su nombramiento genera desconfianza y no parece compatible con la sana distancia entre árbitros comiciales y gobierno y partidos, pero ante el diferendo el tribunal electoral intervino y aunque con votación dividida, consideró al final que no era para tanto y que Ackerman podría evaluar a las y los aspirantes a consejeras y consejeros y, por lo tanto, mantenerse en el Comité donde al parecer ha realizado un trabajo más o menos decente.

Ackerman fue propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esa institución ha sido, hasta ahora, la menos cuidadosa con el proceso para renovar al INE. De los evaluadores propuestos por la comisión, Ackerman acabó en un juicio y cuando la Cámara de Diputados dio a conocer que había recibido esa propuesta y la de Carla Humphrey por parte de la CNDH, vino un extraño desmentido institucional y luego, en los hechos, un desmentido al desmentido. En esa misma ruta poco aseada, la CNDH propuso a una mujer profesional que todo el mundo sabía era legítima aspirante a ser consejera del INE, pero como si se tratara de un error inocente, desde la propia comisión le pedían evaluar a otros aspirantes sin consultarla antes y con ello, la colocaron en una incómoda situación de cancelar su aspiración o rechazar públicamente la invitación a ser evaluadora de todas y todos los demás aspirantes (ella, con mucha dignidad y elegancia, agradeció y declinó respetuosamente ser evaluadora).

Con la misma lógica, violatoria de los derechos humanos, faltaban apenas tres días para terminar el registro de aspirantes a consejeros (fue del 18 al 28 de febrero) y otra vez la misma CNDH que dio tumbos para designar integrantes del Comité Evaluador propuso además formalmente (y eso sí, sin desmentido) un requisito absurdo  no contemplado en la convocatoria para ser consejero: “No haberse desempeñado en algún cargo” en el INE “en los últimos 14 años”.

De entrada, el INE no tiene 14 años de vida, pero el prejuicio injusto de que cualquier persona que haya trabajado en procesos electorales es corrupta o un personaje dedicado a los fraudes habla de la ignorancia y prepotencia con la que se toman algunas decisiones clave y se injuria a personas honestas. De hecho, las dudas sobre votos fantasma no están en los comicios que organizó el INE en el 2018 con ese personal agraviado y estigmatizado por la CNDH (ni modo de quejarse en derechos humanos para protestar contra ese atropello penoso de restringir por 14 años a cualquier trabajador), en cambio, la renovación de la comisión sí tuvo varios reclamos y dudas sobre el conteo de sus propios votos. Afortunadamente, ni siquiera Ackerman validó esa “propuesta” burda de vetar a trabajadores del INE como aspirantes, y él, en los hechos, avaló que las y los finalistas sean, en un altísimo porcentaje, perfiles que trabajan, trabajaron o colaboraron en diversas tareas con el INE y también con el IFE.

Otra falla notable en lo que va del proceso es la poca transparencia en el registro de aspirantes. El reporte diario de la Cámara de Diputados donde se publicaban boletines con nombre y número de registros se frenó de pronto sin explicación, y de plano nunca se difundió la lista completa de quienes se registraron, sólo la definitiva después de la llamada prevención. Así, el primer día de registro se daba a conocer nombres de quienes acudían a presentar solicitud y la Cámara emitió un boletín diciendo que habían ido cinco aspirantes (con sus respectivos nombres), el día dos la misma rutina, el tres igual, pero de pronto alguien decidió que dejaría de informarse y el último día no hubo boletín con nombres, pero sí filtraciones de varios (selectivas).

El INE tiene como órgano de dirección un cuerpo colegiado de 11 integrantes con derecho a voz y voto (el Consejo General). Cuatro deben renovarse en cuanto mejoren las condiciones que debemos adoptar ante la epidemia del Covid-19. Hay sin duda excelentes evaluadoras y evaluadores, algunas fallas en el proceso de selección, pero a final de cuentas, una expectativa de que perfiles interesantes aporten aire fresco al Instituto. Ojalá se designe a quienes entiendan que la autonomía del INE es frente a todos los partidos y los gobiernos en turno.

*Consejero del INE.