Ciudadano digital como polizón

Desde la pasada semana las calles de Buenos Aires protagonizan un nuevo evento enfocado en el uso de las tecnologías de Información y comunicaciones en el desarrollo. Representantes de todos los rincones del planeta comparten experiencias e interrogantes mientras van formulando alianzas inesperadas en su búsqueda por mejorar la condición del individuo.

Mientras en Caminito una pareja baila tango y las turistas avanzan parsimoniosamente por un pintoresco barrio que los conduce a la Bombonera del famoso Boca Juniors, a unos pocos kilómetros se habla de cómo integrar la tecnología a la política pública para incrementar eficiencias, productividad y riquezas.

Pero como estar en Buenos Aires es participar en la irreverencia de sus escritores, en las gambetas de sus futbolistas y en la melancolía del tanguero es imposible hablar de la transformación digital, ese vellocino de oro de tantas promesas, sin pasarlo por el filtro de la realidad. La realidad de un país que como todos los del hemisferio vive una infinidad de brechas digitales que al no ser atendidas la consecuencia es un sistema de castas donde la pertenencia a cada una se define por el tipo de acceso a aplicaciones y contenidos que tiene a su alcance cada ciudadano digital.

Ningún político sensato estaría dispuesta a aceptar una realidad donde la constitución cree ciudadanos de segunda clase. Tampoco un político sensato estaría alardeando sobre sus míticos logros mientras exhibe una tez naranja, pero la dinámica de un país no siempre se recoge completamente en lo que señala un pedazo de papel.

La constitución Argentina, como la de México, Brasil o República Dominicana hablan de sus ciudadanos como un ente homogéneo en todo lo relacionado con sus derechos políticos. Nadie está sobre la ley. Todos somos iguales independientemente de nuestro sueldo mensual, logros académicos o lugar de origen. El discrimen se presenta como ilegal, con marcos legales creados para prevenir su proliferación y castigar su uso.

Sin embargo, la transformación digital que tiene como uno de sus numerosos elementos la digitalización de servicios gubernamentales podría alejarnos de esos derechos políticos adquiridos al permitir a un sector de la sociedad —esas castas altas— poder acceder a servicios del gobierno que le son vedados a una minoría que vive en un zona errónea, allí donde la generación móvil aún se encuentra en su etapa cero.

¿Cómo evitar que las múltiples brechas digitales se tornen en una diferenciación en el trato que se da a los ciudadanos dependiendo de la localidad de su vivienda? ¿Por qué dejar de hablar de conectividad para entrar en temas más atractivos como el Internet de las cosas o las ciudades inteligentes cuando hay miles o millones de ciudadanos que aún no cuentan con ese acceso tan prometido por sus dirigentes?

Cuando se habla de beneficios de las TIC en medicina, educación, campo laboral y todos los otros sectores productivos se imaginaba como el gran ecualizador. Esa gran herramienta que permitirá que los hospitales rurales puedan tener la opción de consultar en tiempo real a expertos de zonas urbanas para acelerar el diagnóstico de un paciente. Hasta se soñaba con procesos quirúrgicos de forma remota.

Como en un viejo tango cargado de dolor, la realidad se acomoda para mostrarnos como vale más evolucionar tecnológico sin necesariamente haber cumplido con lo estipulado en el discurso anterior. La forma parece ser más importante que el fondo y toda la parafernalia complicada que implica la implementación de medidas de desarrollo tecnológico de forma armonizada para el 100% de la población. O como dijera el poeta, “no hay aplazaos, ni escalafón; /los inmorales nos han igualao. / Si uno vive en la impostura / y otro roba en su ambición, / da lo mismo que si es cura, / colchonero, rey de bastos, / Caradura o polizón”.

* José F. Otero tiene más de 20 años de experiencia en el sector de las TIC. Esta columna es en título personal.