Cédula de Identidad Ciudadana, razón económica

RICOS Y PODEROSOS Por: Marco A. Mares

El gobierno de Felipe Calderón creará la Cédula de Identidad Ciudadana, con una inversión que ronda los 3,000 millones de pesos.

Ya hay alrededor de 14 empresas, nacionales e internacionales, interesadas en participar en la licitación respectiva.

Por persona, la Cédula tendrá un costo de 8 pesos aproximadamente.

Este año ya se aplicaron 500 millones de pesos y faltan 2,500 millones que supuestamente ya están asignados, sin problema alguno.

La intención es garantizar la identidad legal y jurídica de todos los mexicanos.

Pero, detrás de esta decisión, además de los temas legales, hay una intención netamente económica.

La identidad personal también es un indicador de competitividad.

México ocupa el lugar número 60 del World Economic Forum (WEF) y en el índice de competitividad institucional está en el lugar 97, precisamente por la dudosa garantía de la identidad de las personas.

La garantía de la identidad legal de los individuos también representa una garantía para las instituciones públicas y privadas. Da certeza de pago a los bancos, a las aseguradoras, a los centros comerciales y evita la evasión fiscal.

En los últimos años, en México se ha acrecentado el fraude por identidad falsa en contra de las instituciones financieras y comerciales, y contra el gobierno vía fiscal. El gobierno mexicano está convencido de que es necesario crear una base de datos ligada al registro de nacimientos y a la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La información oficial será el ancla, y los adelantos tecnológicos, como la identidad biométrica, permitirán una mayor seguridad para identificar a las personas por sobre las tradicionales huellas dactilares.

La Secretaría de Gobernación, de Miguel Gómez Mont, está digitalizando los libros de registros de nacimiento y la certificación de las CURP. Hasta ahora lleva 83 millones de 110 millones de mexicanos.

La licitación para seleccionar al proveedor se realizará en breve. Las pre-bases serán públicas en 10 días y para fines de mes estarán las definitivas.

Se recibirán propuestas en octubre y en ese mismo mes será el fallo.

Entre las empresas que han levantado la mano están: Cosmocolor, Unisys, Cogent, Merkatum, Latin ID, Biometría Aplicada, L1, Image Technology, Accenture, Giesecke & Devrient, HP, Vangent, Scitum e IBM.

Retraso de SCT cuesta $285 millones al gobierno capitalino

Un costo de 285 millones de pesos provocó al gobierno capitalino el retraso de 40 días, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Juan Molinar Horcasitas, del primer depósito por 880 millones de pesos para la construcción de la Línea 12 del Metro.

El costo pudo haber sido mayor pero logró aminorarse, ya que el secretario de Finanzas, Mario Delgado, hizo un esfuerzo por financiar durante tres meses el proyecto.

Hay que recordar que el Congreso aprobó, por unanimidad, a finales del 2008, la entrega de 3,000 millones de pesos para la construcción de la Línea 12 del Metro para el año 2009.

Cuentos veras

A partir del 5 de agosto pasado, los laboratorios farmacéuticos ya no necesitan tener una planta en México para importar medicamentos biotecnológicos de última generación. Así lo dispone el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Miguel Ángel Toscano, ha recibido alrededor de 10 solicitudes de laboratorios multinacionales para introducir al mercado nacional medicamentos contra el cáncer, enfermedades metabólicas y tiroidismo. Sin embargo, la apertura de fronteras que implica la desaparición del requisito de planta no quiere decir que entrará cualquier producto biotecnológico, ya que la agencia reguladora de salud revisa cada solicitud y realizará las verificaciones in situ que sean necesarias o, en su caso, pedirá el aval sanitario de reconocidas agencias reguladoras en el país de origen.

Seguramente usted -amigo lector- recuerda que el tema sacó chispas en algunos sectores de la industria, que aseguraron que México sería invadido de medicamentos pirata y que las autoridades no tendrían la capacidad de supervisión. Finalmente ganó la posición oficial y ahora en los hechos veremos quién tiene la razón.

El director general de Impacto Ambiental Marítimo y Terrestre de la Procuraduría Federal para la Protección al Medio Ambiente, Raciel Villegas, recibió, el viernes pasado, una amenaza de muerte en su teléfono celular oficial.

La voz anónima le advirtió que se estaba metiendo con el cártel en Cancún.

Villegas, sin hacer una acusación directa, afirma que el único caso que está revisando como parte de sus actividades laborales en Cancún, es el caso del ecocidio que está cometiendo el propietario de los hoteles Gran Caribe Real y Royal Cancún, Fernando García Zalvidea, con la construcción de un espigón en la playa. El funcionario de inmediato hizo la denuncia contra quien resulte responsable.

El sábado pasado se publicó en tres diarios de Guadalajara una carta abierta dirigida al presidente de EU, Barack Obama, al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y al presidente de México, Felipe Calderón, para denunciar que en México no se aplican las leyes ambientales.

El abogado Eric Coufal, que es presidente de la Comisión de Protección Ambiental de la Federación Internacional de Cuerpos y Asociaciones Consulares, refiere el caso de Jon Anthony Shirley -hasta hace poco uno de los ejecutivos más cercanos a Bill Gates, cabeza de Microsoft- cuya propiedad en Bahía de Banderas, en Nayarit, ha sido seriamente afectada por la construcción ilegal de un desarrollo turístico. Son dos ecocidios y la atención y respuesta del gobierno para cada uno parece distinta.