Blindaje electoral… en riesgo

Durante décadas, la discusión pública previa a las elecciones en México estaba relacionada con crisis económicas, terremotos, devaluaciones, inestabilidad política y violencia electoral.

Hoy estamos preocupados por el blindaje electoral.

Por más que haya algunos nostálgicos del poder absoluto, ya no son aquellos tiempos en los que el sistema estaba en manos del gobierno, como ocurrió el 6 de julio de 1988, cuando Manuel Bartlett reconoció que se cayó el sistema para encumbrar a Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia.

No. Hoy el tema no es el recuento de votos. Nos aseguran que el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) -desde la misma noche del domingo 2 de junio-, nos dará a conocer los resultados de la votación en cada uno de los 300 distritos electorales federales.

Lo que nos preocupa es el desdén de la 4T por las instituciones democráticas, ese afán de Andrés Manuel López Obrador por debilitarlos, pese a que realizan una función muy importante para garantizar derechos políticos y dar certeza a las elecciones.

Se nos olvida que, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección presidencial, se requiere del quórum del menos seis magistraturas. Hoy sólo hay cinco magistrados. Cinco de siete.

Desde octubre de 2023, cuando terminó el encargo de José Luis Vargas e Indalfer Infante, el Senado no ha cubierto las vacantes. No se confunda. No es que extrañemos a Vargas Valdez, célebre por sus múltiples viajes al extranjero pagados con nuestros impuestos, su misoginia y carácter déspota y voluble. Tampoco echamos de menos a Infante González, quien nunca destacó por acciones afirmativas ni criterios vanguardistas. No.

Lo que es preciso recordar es que este 2 de junio, más de 100 millones de electores están llamados a participar en las urnas para elegir la Presidencia de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, entre otros 20 mil puestos de elección popular: gobernadores, legisladores locales, alcaldías, regidores y síndicos.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado las ternas para las dos designaciones en la Sala Superior, en la cámara se negaron a votarlas. Lo mismo ocurrió con las Salas Regionales y la Sala Especializada del TEPJF; y los Tribunales Electorales de las 32 entidades federativas.

En el Tribunal de la Ciudad de México, por ejemplo, de cinco magistraturas originarias, sólo quedan dos. Y uno de ellos, Juan Carlos Sánchez León, terminará su periodo en diciembre de 2024.

No es broma. En octubre de 2021 terminó el encargo del magistrado Gustavo Anzaldo, en octubre de 2023 le tocó el turno a la magistrada Alejandra Chávez y en abril de este año, Martha Mercado finalizó su etapa.

Es una situación irregular que dificulta la resolución de los juicios electorales. Con miles de impugnaciones presentadas por partidos y candidatos durante todo el proceso electoral, la carga de trabajo es mayúscula y puede traducirse en tardanza.

Desde el oficialismo, empezando por el senador de Morena, Ricardo Monreal; y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, afirman que las designaciones han quedado pendientes por la falta de acuerdos parlamentarios. La oposición los emplazó a votar los nombramientos, pero la 4T prefirió mantenerlos pendientes.

Morena muestra su rostro antidemocrático, su desdén por las reglas y por quienes habrán de declarar la validez o la nulidad del proceso electoral. ¡Qué desvergüenza!