Es obvio que en México coinciden territorialmente los mayores acervos de biodiversidad con condiciones socioeconómicas graves de pobreza y marginación. Los estados más pobres de nuestro país —Chiapas, Oaxaca y Guerrero— son también las entidades federativas con la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema. Pareciera que rige en ellas un extraño maleficio. La biodiversidad, medida (de manera simplista) por el número de especies y variedad de ecosistemas en un ámbito territorial determinado, depende en lo esencial de la latitud, de la complejidad orográfica, y de la precipitación pluvial. Tales condiciones, particularmente la complejidad orográfica, implican altos costos de transporte, y dificultades severas de comunicación y accesibilidad. También, por lo general, complicaciones más o menos severas de productividad, por razones ecológicas, y suelos frágiles. Frecuentemente, por estas razones, el valor unitario de la tierra es relativamente bajo, lo que significa que predomina la propiedad colectiva. Recordemos que la propiedad privada individual tiene sentido y es eficiente cuando la renta de la tierra la justifica, y es claramente superior a los costos de transacción y de protección de los derechos de propiedad privada. La propiedad colectiva, en contraste, es eficiente cuando los costos de establecer y proteger derechos de propiedad individual superan ampliamente a la propia renta de la tierra.

Así, observamos que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca se presentan en buena medida las condiciones anteriores; un escenario fisiográfico propicio a una gran biodiversidad, por un lado, y por el otro, de baja productividad económica potencial y prevalencia de propiedad colectiva de la tierra. Sabemos también que la propiedad colectiva plantea problemas más o menos graves de disipación de rentas, y que, para ser funcional requiere de la creación de instituciones locales que permitan una organización y gobernanza eficaces, cosas no muy probables y casi siempre difíciles (problemas de acción colectiva). Por ello, además de la baja productividad económica potencial de la tierra (o de “los territorios”, como les llaman ahora con una óptica ideológica muy curiosa), la inexistencia o improbabilidad de instituciones adecuadas determina ingresos muy limitados y por lo tanto, pobreza. La pobreza se exacerba por presiones demográficas y en presencia de altos porcentajes y densidades de población rural dispersa en miles de minúsculos asentamientos poco accesibles, donde las únicas oportunidades productivas se asocian con la explotación muy básica de la tierra y de los recursos naturales a través de una agricultura pastoreo de subsistencia, complementados a veces por la extracción forestal.  No hay inversión privada ni acumulación de capital significativas, el capital humano se deteriora en virtud de un pésimo sistema educativo (por cierto, capturado por la CNTE), la emigración hacia las ciudades y el proceso de urbanización son insuficientes, y el capital natural se degrada por presiones directas de subsistencia. Una raquítica y menguante renta de la tierra tiene que dividirse entre una cantidad muy considerable de personas, por lo que el ingreso per cápita es magro. Es decir, el pastel es muy difícil de hornear y es muy pequeño, aunque pueda haber muchos ingredientes éstos no son utilizables económicamente, y los cocineros y comensales son demasiados y están por lo regular mal organizados (aunque hay excepciones). El combate a la pobreza y la conservación de la biodiversidad deben tomar en cuenta este maleficio, para ser exitosos.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.