Desde los años 60 y hasta la caída del muro de Berlín, la región latinoamericana fue víctima de la guerra que era fría entre las superpotencias que encabezaba Estados Unidos en el bando capitalista y Rusia en el lado socialista, pero que en nuestros territorios era tangible con balas y asesinatos, con golpes de Estado para gobiernos que habían sido electos. En muchos países de la región, el orden era militar, no democrático, y la legitimidad popular era una ficción decretada por el poder de las armas y no por la razón de las urnas.

En aquellos años, como ahora, la uniformidad ideológica era aspiración del poder pero regla de imposible cumplimiento, entonces de todas formas trataba de implantarse a fuerza de represión encabezada por dictaduras militares que en muchos casos desplegaron estrategias de exterminio para borrar al disidente ante cualquier posibilidad de que se simpatizara con el bando contrario. No coexistían formalmente visiones políticas diversas, se decretaba una sola y se inhibía que fluyeran las demás controlando los medios de información, llenándolos de propaganda y generando miedo hasta para quienes tuvieran un póster del Che Guevara o un libro indeseable para el régimen instalado en la permanente persecución de opositores.

La herida de las dictaduras de izquierda y derecha está vigente, igual que los riesgos de retroceso en donde se ha conquistado un entorno democrático. La democracia ha sido la única llave que ha demostrado capacidad para remontar dictaduras con horizonte de justicia y para replantear la coexistencia entre visiones de país distintas. Descalificar al otro y pretender anularlo cuando se llega al poder aleja toda posibilidad de soluciones políticas a problemas políticos que nunca deben, otra vez, asumir como alternativa anteponer la violencia o el autoritarismo antes que la razón. Ése es un reto constante en la realidad convulsa por la que atraviesa hoy el continente, en donde, incluso con tensiones al límite, nunca debe permitirse una reacción de los estados que asuma como alternativa los toques de queda o militares con órdenes de reprimir a manifestantes para evitar protestas. Está claro que eso nunca será solución a un problema social en nuestro continente, al contrario, es garantía de polarizar y revivir el justificado resentimiento contra los tiempos de dictadura, y eso trae consigo consecuencias.

El pasado 6 de octubre el presidente chileno, Sebastián Piñera, decidió aumentar el costo del transporte público con ánimo de aumentar la recaudación hacendaria. Dijo que soportaba esa medida en una recomendación de expertos. Cientos de jóvenes reaccionaron saltándose torniquetes para no pagar el incremento de poco más de 1 dólar americano. La protesta creció y se quemaron vagones, hubo saqueo y el gobierno sacó la fuerza militar y decretó toque de queda. Las cosas, lejos de conciliarse, se polarizaron más. Hoy los agravios son mayúsculos y las manifestaciones multitudinarias.

Chile quedó marcado por el golpe de Augusto Pinochet que no sólo bombardeó la Moneda en Santiago para luego quitarle la vida al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Su cruzada autoritaria fue una dictadura sombría que duró 18 años y que poco a poco logró desmontarse, no con armas, sino con las urnas y los argumentos para convencer a las mayorías. La caída del dictador tuvo como punto de inflexión el plebiscito del no, celebrado por presión internacional el 5 de octubre de 1988 para definir si la población chilena avalaba o rechazaba la presencia del mandatario.

Fue hasta los años 90 cuando una normalidad democrática llegó y hoy permite alternancias y disputas ideológicas resueltas en las urnas y no en el miedo o en las balas en aquel país. Gobiernos que se asumen de izquierda o derecha han ido y venido según los votos.

Lo que padece Chile es una crisis similar a la de Ecuador y no ajena a la que también ocurre en Bolivia, en donde la Organización de Estados Americanos registró una elección llena de irregularidades que no abonan a la confianza.

Las tentaciones autoritarias, la falta de certeza en procesos de votación, los mandatarios perpetuos y la represión violenta de protestas impulsada desde los estados son prácticas que duelen en América Latina y caldo de cultivo para nuevos conflictos. Nuestra historia es un buen espejo para no repetir los mismos errores y, si no hay madurez de los actores políticos, pueden volver los fantasmas que lucían exorcizados. Por eso todas y todos debemos rechazar y frenar, sin importar cuál sea la geometría ideológica con la que nos sentimos identificados, los resortes autoritarios que se manifiestan en la región. En democracia nadie puede justificar la represión asesina y tampoco a los gobernantes que busquen ser perpetuos en el poder. La democracia le debe mucho a las personas en la parte social y económica, es tiempo de que los gobiernos asuman el rol que les corresponde y asuman que es necesario implementar soluciones adecuadas.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada