Con el gobierno de Estados Unidos está en vías de colisionar la administración López Obrador por su decisión de anular a la Comisión Reguladora de Energía.

Al momento hay más de 200 proyectos de inversión extranjera en el sector energético detenidos sin que se haya cambiado una coma en la legislación vigente sobre la materia.

En el directorio de los valladares o muros de contención fuera del alcance del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación sobresalen los organismos globales, las agencias calificadoras, los tratados internacionales y, desde luego, los gobiernos de otros países, en particular de Estados Unidos, principal socio comercial de México y fuente más importante de la inversión externa que capta el país.

Y es precisamente con el gobierno de Estados Unidos y con un segmento importante de la clase empresarial de esa poderosa nación, con los que está en vías de colisionar la decisión del gobierno de López Obrador de anular a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Posiblemente, el gobierno lopezobradorista sabía que surgirían críticos internos a tan cuestionable medida y probablemente los desestimó con desdén. Pero en su ya tradicional improvisación, nunca anticipó que esa propuesta destructiva podría enredarse en el marco del T-MEC y dar lugar a un posible panel regulatorio dentro de ese tratado comercial.

La queja por la contraparte estadounidense y tal vez también de Canadá, tiene como origen el bloqueo regulatorio que han resentido en el sector energético de México por parte del gobierno de López Obrador empresas inversionistas provenientes de esos países.

Lo que está en juego en este conflicto no es poco. Por un lado, el gobierno de México no puede alegar inocencia en esta embestida en contra de la participación de inversión extranjera en el sector energético.

Según reportes, al momento hay una cartera de más de 200 proyectos de inversión extranjera en el sector energético que se encuentran detenidos sin que se haya cambiado una coma en la legislación vigente sobre la materia. Y en contra de esa política tácita, ya se ha recibido una carta de protesta por parte del gobierno de Estados Unidos suscrita nada menos que por los secretarios de Estado, Energía y Comercio.

No se sabe si el choque de trenes que se vislumbra en este asunto se producirá o como se las ingeniará el gobierno de López Obrador para salir del brete. Pero lo que sí es claro, es que el escándalo ya contribuyó a minar una vez más la confianza de los inversionistas en México. Y aún más importante, esa embestida de López Obrador en contra de los entes reguladores autónomos del Estado ya se interpreta en círculos amplios como un retroceso democrático en México.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico

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