AMLO, sobre el dinero de los jubilados

En diciembre de 2008, cuando Cristina Kirchner cumplía el primer año de su primer período como presidenta de Argentina, promulgó una reforma legal por la que dinero ahorrado por los trabajadores argentinos en el sistema de pensiones basado en cuentas individuales -que estaba en vigor en aquel país desde 1989-, pasó a un fondo administrado por el estado argentino vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Apenas unos meses después, ya en el 2009, se supo que la ANSES había empezado a comprar bonos del gobierno argentino, que le pagaban unos rendimientos muy por debajo de los que podría haber obtenido si hubiera prestado ese dinero en condiciones de mercado. Por ejemplo, en aquel año, mientras los bonos del gobierno argentino pagaban tasas que oscilaban entre 30% y 50% anual a cualquiera de sus tenedores, los bonos que el Tesoro de la Nación había emitido de manera específica para la ANSES, es decir, que esta compraba bonos del gobierno con dinero de los jubilados, pagaban una tasa mucho menor, de alrededor de 12.8% anual.

Mediante esas operaciones, el gobierno de Cristina Kirchner financiaba sus promesas populistas, al tiempo que financiaba parte del déficit en las finanzas públicas con los recursos de los jubilados argentinos, y bueno, disponiendo también de reservas del banco central. A ese peligroso coctel hay que agregar la tentación por meter mano en la publicación de las estadísticas económicas, al grado que llegó el momento que nadie creía en el dato de inflación que publicaba el INDEC, institución argentina equivalente al INEGI, que fue intervenida por el gobierno de Kirchner.

Todo este contexto lo traigo a colación, porque dada la admiración del presidente López Obrador por las políticas populistas instrumentadas por los Kirchner y Alberto Fernández, en Argentina, Lula, en Brasil o Evo Morales, en Bolivia, que no nos extrañe si de repente quiere emular algunas de las políticas insensatas que se utilizaron en aquellos países. En este caso, la peligrosa referencia es aquella de la estatización de los fondos de pensiones.

Es altamente probable que el anuncio que el presidente López Obrador hizo en Orizaba, Veracruz el domingo pasado, en el sentido de que enviará al Congreso una propuesta para echar para atrás la reforma en materia de pensiones que entró en vigor durante el sexenio del presidente Zedillo, tenga exactamente la misma motivación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner: tener a la mano una inmensa cantidad de recursos que le permita al gobierno financiar todos sus excesos en materia de obra pública o promesas electorales para repartir más apoyos,  que desde su óptica, es una gran opción frente a la alternativa de proponer una reforma fiscal que incremente la recaudación elevando algunos impuestos y ampliando la base tributaria, que le acarrearía un pesado costo político.

Para darnos una idea, el saldo de los fondos que manejaban las AFORES a noviembre de 2023 fue de 5.2 billones de pesos, lo que equivale a cerca de 22.5 por ciento del PIB. El déficit en finanzas públicas para 2023 se estima rondará la cifra de 1.2-1.3 billones de pesos. Así que imagínese usted, un gobierno populista como los de la 4T, con 5.2 billones de pesos a su disposición para financiar nuevas locuras sin mayor estudio o diagnóstico, que rápidamente sobrepasan los costos presupuestados inicialmente. Es mucha tentación, sin el costo político de emprender una reforma fiscal, que muy probablemente le pasaría factura en las urnas.

Para agregarle una dosis de dramatismo, es importante tener presente que una reforma como la que anunció el presidente López Obrador el domingo pasado requeriría mayoría simple en ambas cámaras para ser aprobada, números que sí tiene. Que nadie se vaya con la finta, más que preocuparle el monto de las pensiones, lo que le guiña el ojo es la posibilidad de usar ese dinero, de la misma forma que utilizó los fondos de contingencia o los fideicomisos públicos, para financiar sus obras públicas. El caso argentino no es menor.

@GerardoFloresR