Intervención de EU carece de sustento legal: expertos

La intervención de Estados Unidos en Venezuela configura una ocupación de facto sin sustento en el derecho internacional, al implicar el control militar y administrativo de un territorio extranjero sin el consentimiento del Estado afectado ni un mandato de Naciones Unidas, advierten especialistas. 

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, declaró públicamente que su país “gobernará Venezuela”, una afirmación que, subrayan expertos, carece de respaldo en el marco jurídico internacional vigente. La Carta de la ONU no contempla la administración directa de un país por otro Estado sin un acuerdo multilateral o bilateral. En este caso, además, no existe consentimiento válido del Estado venezolano, ya que la Asamblea Nacional —órgano facultado para autorizar o ratificar una transición— no ha aprobado ningún mecanismo de esta naturaleza.

Gildardo López, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP), puntualizó que “estamos ante una ocupación de facto, ante una transición impuesta y lo más importante para otros países, pero muy especialmente México, ante un precedente que delimita la soberanía como principio global”.

“El problema no es que Maduro haya caído, ese es un problema de los venezolanos. El problema que queda claro es que la soberanía dura lo que las potencias decidan respetar. Esto trasciende la lógica de imponer sanciones y la presión diplomática”, agregó.

El experto en geopolítica consideró que, más allá del caso venezolano, el mayor impacto radica en el precedente que se establece para la región y el orden internacional. “América Latina deja de ser una zona de influencia para convertirse en una zona de intervención directa, bajo una doctrina que prioriza la seguridad y los intereses estratégicos por encima del derecho internacional”.

Las reacciones en la región han sido fragmentadas. Países como Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Honduras han mostrado cercanía con la postura estadounidense, mientras otros gobiernos han optado por una defensa moderada de los principios de soberanía y no intervención. Esta falta de una respuesta unificada no legitima jurídicamente la intervención, pero sí facilita su viabilidad política.

López también señaló que no existen mecanismos claros para sancionar a Estados Unidos, que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Las posibles reparaciones o responsabilidades quedan, por ahora, en el terreno del debate político y académico.

En el plano interno, Venezuela enfrenta un vacío de poder y un escenario de incertidumbre absoluta.

Para José María Ramos, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte, la orden ejecutiva estadounidense que clasifica a ciertas organizaciones del crimen organizado como terroristas —al ampliar herramientas coercitivas como sanciones y cooperación judicial— plantea retos relevantes en materia de derecho internacional, entre ellos el respeto a la soberanía, el debido proceso, la competencia jurisdiccional y las garantías de derechos humanos, particularmente en procesos penales contra exmandatarios.

“El dilema radica en cómo conciliar los déficits de corrupción, el combate al narco tráfico y la nueva agenda de seguridad nacional de Estados Unidos en materia de combate al narco tráfico”, dijo.

El académico enumeró que, en conjunto, la detención de Maduro, la orden ejecutiva, las denuncias opositoras de corrupción y el éxodo provocado por la falta de empleo son fenómenos interrelacionados que demandan respuestas multilaterales.

“La comunidad internacional debe equilibrar la búsqueda de justicia y seguridad con el respeto al derecho internacional y la provisión de asistencia humanitaria para gestionar las causas y consecuencias de la crisis venezolana”, opinó.