Bielorrusia utiliza el sistema judicial para silenciar a los críticos de Lukashenko: ONU

Las instituciones estatales bielorrusas han colaborado para reprimir a los críticos del Gobierno del presidente Alexander Lukashenko en todas las etapas del sistema judicial desde 2020, lo que incluye detenciones, encarcelamientos y vigilancia, según afirmaron este martes expertos de la ONU.

En un informe que se presentará esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los expertos independientes señalaron que los tribunales, la policía, los servicios de seguridad, la fiscalía y las autoridades penitenciarias habían actuado de manera coordinada para silenciar a los opositores reales o supuestos.

La misión de Bielorrusia ante el Consejo, con sede en Ginebra, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a primera hora del martes.

Bielorrusia ha rechazado anteriormente las críticas de la ONU sobre su historial en materia de derechos humanos y no ha cooperado con los expertos, según el informe. Los expertos afirmaron que las solicitudes para visitar el país y dialogar con las autoridades quedaron sin respuesta.

Los expertos sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia afirmaron haber constatado violaciones "sistemáticas" de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos desde el momento de la detención, pasando por el encarcelamiento y la condena, hasta la supervisión tras la puesta en libertad.

Citaron detenciones arbitrarias, tortura, denegación de garantías jurídicas, juicios a puerta cerrada y acoso continuado a antiguos detenidos.

"Los patrones de violaciones descritos en este documento continúan hasta la actualidad", señala el informe, y añade que el poder judicial ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento del sistema al legitimar los abusos y negar a las víctimas recursos efectivos.

Los expertos afirmaron que Bielorrusia era responsable de violaciones de múltiples tratados internacionales y reiteraron conclusiones anteriores según las cuales algunos abusos cometidos desde mayo de 2020 podrían constituir crímenes contra la humanidad, concretamente persecución y encarcelamiento.

El informe ha sido elaborado por el Grupo de Expertos Independientes de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, compuesto por tres miembros. Estos actúan a título personal y no como representantes de gobiernos ni de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Estas conclusiones se producen seis años después de que estallaran las protestas masivas tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, que, según la oposición y los gobiernos occidentales, fueron amañadas. Miles de personas fueron detenidas en la represión que siguió y las organizaciones de derechos humanos siguen documentando la existencia de presos políticos en Bielorrusia.

Lukashenko niega que haya presos políticos, califica a las personas afectadas de "bandidos", ha negado el fraude electoral y ha afirmado que las autoridades actuaron de conformidad con la ley para restablecer el orden.

A principios de este mes, el expreso político y premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski dijo a Reuters que, a pesar de las recientes liberaciones de presos conseguidas gracias a la intervención de Estados Unidos ante Minsk, "la maquinaria de la represión sigue en marcha" y siguen apareciendo nuevos presos políticos.